Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
A pesar de que la reforma ordinaria a la salud fue aprobada hace dos meses en la Comisión Séptima del Senado, aún no llega a la plenaria debido a que en esta célula legislativa le están haciendo algunos ajustes frente a la norma estatutaria y también a la espera de que el Gobierno nacional aclare las cifras económicas de este proyecto.
Así lo manifestó la vicepresidenta de la Comisión Séptima del Senado, Gloria Inés Ramírez (Polo Democrático), quien explicó que “ese proyecto está siendo revisado porque fue aprobado antes de que saliera la ley estatutaria. Hoy antes de mandarlo a la plenaria debemos revisarlo a la luz de lo que es la ley estatutaria para hacer los ajustes pertinentes”.
Uno de los artículos más polémicos de la reforma ordinaria a la salud presentada por el Gobierno y que fue aprobada en la Comisión Séptima tiene que ver con la formalización de cerca de 250 mil trabajadores de hospitales y clínicas públicos a nivel nacional, procedimiento que ha sido rechazado por las organizaciones sindicales del sector.
La iniciativa establece que los servidores de las Empresas Sociales del Estado tendrán la calidad de empleados públicos clasificados en de libre nombramiento y remoción (gerente y directivos), de carrera (apoyo a la gestión administrativa y financiera) y servidores de la salud, que corresponde a una nueva categoría de empleado público y comprende a quienes cumplen funciones asistenciales en salud relacionadas con la atención directa en salud a los pacientes.
Frente a este asunto el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo el martes pasado que “tenemos un gran reto como sector y el objetivo es formalizar entre 200.000 y 250.000 trabajadores del sector, pero si no hacemos esto bien, la sostenibilidad de la red pública de hospitales va a estar en riesgo”.
En esa vía el funcionario dijo que “tomamos la decisión de incluir un capítulo en la reforma a la salud del régimen laboral de los trabajadores de las Empresas Sociales del Estado; es una propuesta, no es un proyecto definitivo, es un proyecto que no es producto de la improvisación y creemos que no viola la Constitución".
Trabajadores
Por su parte el presidente de la Asociación Médica Sindical (Asmedas), Pedro Contreras, dijo que “la ley ordinaria que está en debate en el Congreso tiene un capítulo sobre la formalización laboral que nada tiene que ver con ella, de lo cual es consciente el Gobierno nacional, por lo tanto están haciendo las reuniones y las discusiones para ver cómo logramos una concertación en procura de cumplir lo determinado por la Constitución y las leyes de Colombia en materia de vinculación laboral para el sector salud”.
En tanto que el presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud (Anthoc), Héctor Alvis dijo que “no compartimos el artículo porque no se compadece con el sufrimiento de l0s trabajadores que han venido exigiendo una estabilidad laboral adecuada y que cese la intermediación laboral, pero con lo que ha hecho el Gobierno es precisamente garantizar que la mayoría de los trabajadores de la salud hagan parte de los tercerizados porque los convierte en empleados y servidores públicos, incluyendo a los que estaban en provisionalidad, por lo que quedarían a merced de los políticos, del directorio político de cada ciudad que tiene el hospital o de la secretaría de salud para vincular por 3-4-5 meses a estos servidores públicos. Acaba también de inmediato con los trabajadores oficiales y les niega la posibilidad de una convención colectiva y les cercena los derechos laborales”.
Alvis dijo que en las conversaciones que han sostenido con el Ministerio de Salud han manifestado que las expectativas de los trabajadores se afincan en que el proceso de formalización se ciña al Código Sustantivo del Trabajo o en su defecto que se aplique una carrera administrativa que tenga en cuenta a más de 150 mil trabajadores hoy en provisionalidad y otro grupo numeroso que está por cooperativas de trabajo asociado.