La iniciativa pretende reducir y regular el rol de agentes privados y mejorar el servicio a los pacientes, pero sus detractores afirman que ésta recorta la cobertura y no va a mejorar la atención de los usuarios.
Para el ministerio de Salud, el objetivo de la reforma es regular a las empresas privadas que prestan el servicio y devolver al Estado la administración de la cotización de las prestaciones que hacen los trabajadores para pagar su seguro sanitario.
Sin que pase nuevamente a ser un sistema nacional de salud pública y manteniendo como prestador del servicio a los privados, la reforma plantea un mayor control de parte el Estado, sobre todo en el manejo de los fondos.
"Esto resuelve el problema de que le nieguen por cualquier condición de edad, de preexistencia de una enfermedad o por lo que sea el derecho de afiliación a cualquier persona", explicó a la AFP el viceministro de Protección Social, Norman Muñoz.
Pero la reforma, que se encuentra en trámite en el Congreso, ha sido protestada esta semana por asociaciones de médicos y agrupaciones de pacientes en varias ciudades, en una manifestación bautizada como "la marcha de las blusas blancas", que incluyó un paro de actividades, con prestación mínima de servicios.
Estos grupos cuestionan que la reforma no contempla la creación de nueva infraestructura y recargaría a los hospitales con la formación de especialistas, además de que recorta el plan de beneficios, endureciendo los requisitos para que los pacientes puedan pedir tratamientos excluidos de la cobertura básica.
Un sistema entre público y privado
En Colombia, el modelo de salud se basa en el aseguramiento obligatorio, pero menos de la mitad está gestionado por el Estado.
Las estadísticas oficiales muestran que hubo un avance en la cobertura en salud, que en 1993 era de 23,7% de la población y en 2011 alcanzó al 90,1%.
Pero el ministerio reconoció en un informe que los problemas de calidad en el servicio inciden en la lenta mejoría de indicadores de salud pública, como la mortalidad materna (92 por cada 100.000)
El Estado subsidia el seguro a quienes no tienen trabajo o presentan dos o más necesidades básicas insatisfechas, como falta de vivienda o servicios de agua, electricidad o alcantarillado.
El resto paga a una entidad privada que le otorga una póliza para ser atendido en centros adscritos, aunque estos planes contemplan exclusiones y copagos por cada consulta.
El plan obligatorio excluye prótesis de brazos, sillas de ruedas y otros tratamientos permanentes, pero uno de los mayores problemas son las cuotas moderadoras para los enfermos crónicos. Además, muchas veces los aseguradores no cubren o dilatan la entrega de tratamientos.
Limitación a los derechos de los pacientes
Para el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, el objetivo de la reforma es reducir el gasto en salud y que tras la aprobación del proyecto se recorte la posibilidad de los pacientes de acudir a la justicia para reclamar sus derechos.
En Colombia, existe un mecanismo por el cual los pacientes pueden poner una tutela ante un juez para que ordene a las aseguradoras el pago por un medicamento o un tratamiento no incluido en el plan básico de salud.
"Ya no existe la forma de tener acceso a este medicamento. La concepción mercantilista no es compatible con la salud pública, hay enfermedades que quedan huérfanas", dijo Álvarez a la AFP.
"Si usted no es extremadamente pobre, va a pagar más", sentenció Álvarez.
Colombia gasta cada año 618 dólares por habitante en salud, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, pero no hay cifras sobre cómo se distribuyen los recursos entre la población.
La doctora Ana Lucía Casallas, profesora en la Universidad del Rosario en Bogotá, explicó a la AFP que si bien 6,9% del PIB se destina a la salud, una parte importante de este dinero se va quedando en los intermediarios (las aseguradoras) y no es destinado a los servicios.
"Vamos a seguir perpetuando las inequidades del sistema, con esta reforma se mantiene la segmentación de los planes de cobertura", señaló.