La reforma a la justicia que escandalizó al país por las prebendas que esta brindada a congresistas y magistrados, podría revivir en la Corte Constitucional.

Según el senador Juan Carlos Vélez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), el alto tribunal podría declarar ilegal la objeción del acto legislativo debido a que el procedimiento usado por el Gobierno para ello, violó varias leyes.

“La reforma a la justicia puede revivir mañana y ese paciente en coma puede despertar porque la Corte Constitucional puede tomar la definición de considerar que la decisión donde se dirimió ese acto legislativo fue inconveniente”, afirmó.

Vélez advirtió que al ‘hundir’ el proyecto se violó la Ley Quinta ya que cuando esto sucedió el Congreso se encontraba en receso. Asimismo dijo que debía tramitarse la publicación de dicha objeción, cosa que no se hizo.

Al respecto, el presidente del Senado, Roy Barreras, también de La U, consideró que no se puede especular sobre el tema, ya que es un asunto de los magistrados de la Corte.

Por su parte, el senador conservador Eduardo Enríquez, señaló que “el único acto de soberanía del Congreso son las reformas constitucionales”.

A su turno, el senador Hernán Andrade, también consercador, sostuvo que aunque se tendrían razones para que se estudie la objeción, hay que ser prudente sobre el concepto.

“Tengo respeto absoluto por lo que diga la Corte. Fue exótico el procedimiento que usó el Gobierno, ellos mismos los catalogaron de supraconstitucional. Tendría elementos la Corte para entrar a analizar pero en esto uno tiene que esperar. Cualquier opinión que emitamos juega en contra”, afirmó el Congresista.

El lunes pasado la Procuraduría le solicitó  a la Corte inhibirse de pronunciarse sobre la exequibiliad de la frustrada reforma por considerar que esta no entró en vigencia.

Para el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado el hecho de que el proyecto no haya sido promulgado, “se concluyó que el mismo no entró en vigencia en ningún momento, en decir, es jurídicamente inexistente y que por tanto, es un hecho incontestable que no es susceptible de ser demandado en acción de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse sobre el mismo”.

A mediados de junio de 2012 el Congreso en sesiones extras hundió la reforma a la justicia que había aprobado unos días antes, atendiendo una petición del presidente Santos, quien se negó a promulgar esta iniciativa alegando que en la etapa de conciliación le introdujeron 17 micos.