Con varios puntos sobre los cuales aún no han llegado a un consenso, la Comisión Primera de la Cámara se prepara para dar el séptimo debate al proyecto de acto legislativo de Reforma a la Justicia.

La iniciativa llega de la plenaria del Senado, la cual la aprobó después de que antes el Gobierno nacional propició una cumbre de poderes para salvarla, pues amenazaba con hundirse, principalmente porque algunos sectores no estaban de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, ese es un punto de honor para la administración Santos, por lo que después de muchos tires y aflojes en la citada cumbre, lograron un acuerdo, y ahí figura la eliminación de la Judicatura.

El pasado miércoles el expediente del proyecto llegó del Senado a la Secretaría de la Comisión Primera de Cámara, por lo que se espera que hoy la presidente Adriana Franco proceda a la designación de los ponentes para este séptimo debate, que serán los mismos que cumplieron con esa misión en el tercer debate, según confirmó la Congresista a EL NUEVO SIGLO.

Es decir que los ponentes serán Alfredo Bocanegra (Partido Conservador), Jaime Buenahora (La U), Germán Navas Talero (Polo), Carlos Osorio (La U), Alfonso Prada (Partido Verde), José Pérez (Movimiento Apertura Liberal), Guillermo Rivera (Partido Liberal), Roosvelt Rodríguez (La U), Heriberto Sanabria (Partido Conservador), Germán Varón (Cambio Radical) y Orlando Velandia (Partido Liberal).

Por lo pronto ya está definido que el próximo miércoles la Comisión Primera de Cámara realizará una audiencia pública sobre el proyecto de Reforma a la Justicia, con lo que arrancará en firme la discusión en el séptimo debate.

En tanto que el miércoles pasado el Gobierno nacional sostuvo una reunión con los ponentes en Senado y Cámara del proyecto, con el fin de analizar los puntos que aún no están concertados.

Puntos críticos

El juzgamiento de los aforados constitucionales es uno de los puntos en los que aún no hay pleno consenso, porque para algunos congresistas no es claro el mecanismo aprobado.

Al respecto la plenaria del Senado aprobó que la investigación y juzgamiento de los congresistas y otros aforados, comolos miembros del Consejo Nacional Electoral, el Registrador General y el Auditor General, se mantienen en la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, para garantizar la doble instancia estableció que este alto Tribunal tendrá una Sala de Investigación y Calificación integrada por seis magistrados, elegidos a razón de tres por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado, tres de los cuales adelantarán la etapa de investigación penal en la primera instancia de los procesos y tres conocerán de la segunda instancia durante la investigación.

En tanto, la primera instancia en la etapa de juzgamiento en los procesos penales que se adelanten contra los aforados será conocida por cinco magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. La segunda instancia será conocida por la Sala Plena de la Corte Suprema, con exclusión de quienes hubieren conocido el asunto en primera instancia.

Otro de los puntos sobre los que no hay pleno consenso es la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, el cual, según lo aprobado, será reemplazado por una Sala de Gobierno Judicial y la Sala Ejecutiva de Administración Judicial.

Precisamente, la supresión de este organismo puso a temblar la Reforma a la Justicia en el anterior debate, por la oposición a esta medida, especialmente del Partido Conservador. En ese sentido el senador José Darío Salazar dijo que por los actos de corrupción que se hubieran podido presentar, no se debe eliminar un organismo.

Igualmente sigue la discusión sobre la supresión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, con lo cual el Congreso pierde las funciones judiciales para limitarse a un juicio político.

La Comisión de Acusación será reemplazada por una Comisión de Aforados, que estará integrada por 9 juristas de alta reputación. Esta Comisión se encargará de establecer si hay mérito para acusar al aforado ante el Senado, en este caso el Presidente de la República, el Vicepresidente, los magistrados de las altas Cortes, el Procurador General y el Contralor General.