Tras casi un año de accidentada discusión, la iniciativa ha superado siete instancias en el Congreso y sólo está a una de ser aprobada definitivamente. Si bien la controversia por varias de sus propuestas sigue candente, el riesgo de un hundimiento es remoto. ¿Qué llega a la plenaria de Cámara?

Aunque tortuoso y accidentado lo cierto es que el camino para el proyecto de Reforma a la Justicia parece que llega a su fin. De los ocho debates que requiere este acto legislativo para convertirse en una realidad, ya superó siete y sólo le resta un último en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Aunque en el segundo semestre del año pasado, cuando el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó la iniciativa en el Congreso se pensaba que, al igual otros proyectos similares que le antecedieron, el hundimiento sería el destino final, lo cierto es que el país está ad portas del que es sin duda el reajuste más drástico a la estructura de la Rama Judicial desde que se profirió la Constitución de 1991.

¿Cómo fue posible que un proyecto que enfrentó en el último año la ‘rebelión’ de las altas Cortes judiciales, los peros de la Academia y generó más de un encontrón entre la Casa de Nariño y el Congreso, al tiempo que fisuró la coalición de Unidad Nacional, esté hoy por hoy a escasos días de recibir el visto bueno legislativo y, por ende, a pocas semanas de entrar a regir?

Las respuestas a ese interrogante son distintas, según la óptica desde que se mire. Por ejemplo, para algunos analistas si bien la iniciativa tuvo una accidentada discusión en la primera vuelta, al punto que los presidentes de las altas Cortes judiciales se retiraron de los debates en Cámara y Senado, es claro que tanto la cúpula judicial como la Casa de Nariño y el propio Legislativo confiaban en que, al final, la sumatoria de los consensos y la búsqueda de salidas intermedias a los disensos llevarían la reforma a buen puerto.

En ese orden de ideas, más allá de las reformas estructurales, el aumento presupuestal y los mecanismos de descongestión judicial, cada uno de los tres factores de poder logró gestionar la introducción en el articulado medidas que los benefician de forma directa o eran de su principal y prioritario interés.

Por ejemplo, para la Casa de Nariño era un punto de honor desde la hora cero de este proyecto la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, lo que finalmente, a falta de un debate, parece que se va logrando.

A su turno, es claro que los magistrados de las cortes Suprema de Justicia y Constitucional así como del Consejo de Estado ven en la ampliación de su periodo (de 8 a 12 años) y el aumento de la edad tope para el retiro forzoso, dos conquistas sectoriales que hace mucho tiempo venían anhelando.

Los congresistas, a su turno, es claro que han maniobrado a lo largo de los siete debates la posibilidad de tener más garantías a la hora de ser investigados, juzgados y condenados. Si bien fallaron en la intención de quitarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad constitucional para ser la juez natural de los parlamentarios y otros altos funcionarios aforados, sí consiguieron instituir la segunda instancia en los procesos penales y se podrían estar quitando de encima a la Procuraduría como su ente de control disciplinario. Incluso restringieron el margen de acción judicial para proceder a su captura y lograron la segunda instancia en los procesos de pérdida de investidura.

Otros analistas consideran que el salvavidas de la reforma a la Justicia fue, precisamente, que el Gobierno se encargó de ratificar que la iniciativa no se retiraría por ningún motivo. En ese orden de ideas, lo mejor para quienes apostaban a que se hundiera, fue abandonar sus respectivos ejes de presión y acudir al Congreso para tratar de defender sus posturas y que éstas se verían reflejadas en el articulado que, desde marzo pasado, primero pasó (en quinto y sexto debate) por el Senado y ahora está a punto de culminar su camino en la plenaria de la Cámara, luego que el jueves de esta semana fue aprobado por amplia mayoría en la respectiva Comisión I.

Ese cuadro circunstancial explica porque los magistrados que presiden las altas Cortes regresaron a los debates o tuvieron interlocución con el Gobierno y los ponentes en comisiones y plenarias, en tanto que el Gobierno tuvo que hacer más de un esfuerzo -incluso con llamados perentorios presidenciales de por medio- para frenar más de un artículo altamente polémico, sobre todo en cuanto a trabas para la investigación y juzgamiento de los aforados.

¿Qué llega?

Más allá de esas interpretaciones, lo cierto es que en estas dos semanas que restan de la legislatura, no se prevé que la iniciativa vaya a tener cambios sustanciales, aunque no se puede olvidar que en diciembre pasado fue - precisamente en cuarto debate en la plenaria de Cámara- cuando se le introdujeron una serie de artículos muy controversiales, sobre todo contra la Corte Suprema, que sólo pudieron ser hundidos tras una compleja y difícil conciliación con el Senado.

Es claro que la suerte del Consejo Superior de la Judicatura ya parece no tener reversa. Su eliminación no tiene mayores opositores y difícilmente se podrá cambiar esa decisión en la plenaria.

Para nadie es un secreto que el escándalo por el carrusel pensional y algunas polémicas decisiones recientes de sus magistrados, aceleraron el puntillazo al alto tribunal.

El articulado aprobado establece que se creará un Consejo Nacional de Disciplina Judicial integrado por nueve  miembros que serán elegidos para un período de cuatro años través de un proceso de nominación de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Ese nuevo ente deberá “examinar la conducta y sancionar las faltas disciplinarias de los funcionarios y empleados de la rama judicial y de los auxiliares de la justicia, de los notarios y de autoridades administrativas cuando actúen en ejercicio de funciones jurisdiccionales, así como de los abogados”. También se creará una  Sala Ejecutiva de Administración Judicial que tendrá a su cargo lo concerniente a los temas y procesos administrativos de la carrera judicial.

El otro gran cambio tiene que ver con el enjuiciamiento a los altos funcionarios con fuero especial en el Parlamento, ya que desaparece la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En su remplazo habrá una comisión de investigación a los  aforados que únicamente va a rendir un concepto a la plenaria de la Cámara sin que haya - en palabras del ponente Alfonso Prada- “la investigación tormentosa y larga que se apoderó de la Comisión de Acusación".

Según el articulado aprobado, esta comisión conocerá denuncias contra el Presidente, el Vicepresidente, el Fiscal y los magistrados de las altas cortes y su función se limitará al antejuicio político. Una ley determinará la "composición, requisitos de sus integrantes, atribuciones y procedimiento" de este nuevo órgano.

Igualmente, y por sugerencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se reformó lo referente al juez que tendrán en primera instancia congresistas, Procurador, Contralor y Registrador.

Así, en cuanto a la investigación y juzgamiento en lo penal de los funcionarios aforados, la Corte Suprema de Justicia será la encargada, en primera instancia por la Sala de Investigación y Calificación, y el juzgamiento por su Sala de Casación Penal.

Esa nueva sala estará compuesta por cinco magistrados elegidos por la misma Corte Suprema mediante convocatoria pública.

Otra de las medidas que recibió el visto bueno fue la referente a la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura, que siguen a cargo del Consejo de Estado.

En séptimo debate también se aprobó la ampliación del periodo de los magistrados de las altas cortes, incluyendo los actuales integrantes de los altos tribunales.

Otra de las normas que siempre ha generado polémica pero que llegó a último debate es la referente a la posibilidad de que abogados, centros de conciliación, de arbitraje y notarios ejerzan funciones jurisdiccionales.

Las otras propuestas se refieren a cambios puntuales para generar más acceso y oferta de justicia, así como para aumentar la eficacia y eficiencia del sistema en su conjunto. También se avanza en lo relativo a mecanismos contra la morosidad y dilación de los procesos y otras herramientas para la descongestión de los despachos judiciales.

Gobierno, escudero

Pese a las críticas, el Ejecutivo el Ejecutivo no considera que la iniciativa arrastre tantas falencias y, por el contrario, defiende su pertinencia.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, replica las críticas una y otra vez. Por ejemplo, ante las inquietudes expresadas sobre las facultades que podrán tener particulares para ejercer  excepcionalmente funciones jurisdiccionales, dice que la norma contenida en esta reforma es de carácter transitorio  y excepcional.

Sobre el período de los magistrados, el Ministro manifestó que sigue siendo un punto polémico, no tanto en lo que se refiere a la ampliación a 12 años, sino en que esta medida cobije a los actuales juristas.

También desestima los señalamientos según los cuales mediante el arancel judicial se esté privatizando la justicia. “… No son pocos los países del mundo en donde existe un arancel judicial y no se ha privatizado la justicia.  En Colombia el arancel judicial ya existe desde hace algún tiempo y es tanto lo que no se había privatizado la justicia, que mucha gente no se había dado cuenta de que existía el arancel judicial”, precisó.

En cuanto a acabar el Consejo Superior de la Judicatura, Esguerra sostiene que “era un punto de honor de la reforma, que ha venido pidiendo a gritos la República de Colombia, de una manera o de la otra, todos los días y a todas horas, en relación al mal funcionamiento crónico de dicha entidad, que no cumplió con las expectativas que en la Asamblea Constituyente había con ella”.

Y, por último, sobre el juzgamiento de aforados señaló que “la forma que ha quedado aprobada es una forma que corresponde a un modelo que ha sido sugerido por la Corte Suprema de Justicia  a través de un escrito que envió su presidente. Eso me parece que habla muy bien de la actitud de la Corte Suprema  de Justicia y muy bien que de parte del Congreso se diga: puesto que se trata de que me juzguen a mí, que la propuesta venga de quien tiene que tener a su cargo ese juzgamiento”.

Entonces…

Más allá de los peros y apoyos que generan cada una de las anteriores propuestas contenidas en el proyecto de Reforma, lo cierto es que la iniciativa ya está en la recta final y la posibilidad de que se hunda en esta última instancia es muy remota.

Desde la Academia y algunos sectores parlamentarios se sigue considerando que el proyecto se convirtió en una especie de ‘transacción’ entre Congreso, altas Cortes y Gobierno, en donde cada quien salió ganando algo, pero los grandes objetivos de descongestión y superación de las trabas estructurales en la administración de justicia no se solucionan eficientemente.

Las críticas a la iniciativa van desde que los mecanismos de descongestión son insuficientes y se afecta la autonomía de la Rama, hasta que los choques jurisdiccionales siguen vigentes y la politización de la justicia no desaparece, También se alega que la tutelitis  no se tocó y que la dilación en la investigación y juzgamiento de altos funcionarios aforados no se acaba sino que, por el contrario, se nota un ánimo reglamentario para trabar los procesos o introducirle más instancias a favor de los imputados.

Como se ve, tras siete largos y accidentados debates al proyecto de reforma a la Justicia, la iniciativa aún genera muchas reservas y dudas. Sin embargo, lo cierto es que ya sólo le falta un debate y antes del 20 de junio es seguro que será aprobada.

Queda pendiente que en la conciliación entre Cámara y Senado no se generen grandes contradicciones y luego, aquí un tema de gran relevancia y hasta ahora poco analizado, que en la revisión formal del trámite que haga la Corte Constitucional (en donde es posible que también toque algo del fondo, por antecedente jurisprudencial) el proyecto logre superar el examen de exequibilidad. Ese es otro proceso.