El delegado de la Procuraduría la audiencia que se sigue a los 12 congresistas implicados en la conciliación  de la reforma a la justicia, indicó que el conflicto de interés y el tráfico de influencias, delitos de los que se acusa a los parlamentarios, no pueden basarse en una simple suposición de que la conducta se presentó, sino que deben ser demostrados.

“Nosotros consideramos que en la demanda no se probó este hecho (…) el Consejo y la Corte Constitucional venía considerando que cuando se tomaron decisiones penales no podía probarse el conflicto de intereses (…) La Procuraduría considera que el cargo de conflicto de intereses no debe prosperar porque no está probado”, indicó el órgano de control a través de su delegado.

“La segunda acusación tiene que ver con el tráfico de influencias,(…) No hay una sola prueba que los miembros de la comisión de conciliación hallan utilizado su investidura para dar dádiva alguna. No se dan los requisitos, no es solo señalar el tráfico hay que probarlos a través de los medios de pruebas que se exigen”, aseguró el procurador.

Por lo anterior, el representante del Ministerio Público indicó que “considera que se debe desestimar las retenciones de la demanda y mantener incólume las investiduras de los Congresistas”, aseguró.

Los congresistas  fueron demandados por el ciudadano Saúl Villar Jiménez por su presunta inhabilidad e incompatibilidad para participar en dicha comisión, por presunto conflicto de intereses y tráfico de influencias.

Los representantes demandados son Alejandro Chacón y Orlando Velandia (Partido Liberal), Germán Varón (Cambio Radical), Carlos Edward Osorio y Roosevelt Rodríguez (La U) y Gustavo Puentes (Partido Conservador). Los senadores involucrados son Jesús Ignacio García y Luis Fernando Duque (Partido Liberal), Eduardo Enríquez y Juan Manuel Corzo (Partido Conservador), Juan Carlos Restrepo (Cambio Radical) y Martín Emilio Morales (La U).

La Sala Plena del Consejo de Estado aclaró que aunque se demandó aparte la investidura de los integrantes de la comisión de conciliación de la Cámara y del Senado, los magistrados acumularon los procesos y por eso se realizará una sola audiencia con todos los involucrados.

El representante Velandia le manifestó a EL NUEVO SIGLO que está tranquilo para responder las inquietudes que tenga el Tribunal y añadió que presentará la documentación pertinente.

 Por su parte, Varón explicó que se trata de un procedimiento normal en una investigación que se está llevando a cabo en el Consejo de Estado. “Dentro de la conciliación hay una serie de posiciones jurídicas, unas compatibles con el criterio de unos ponentes, otras no, y el procedimiento es el que declara la Corte cuando hay inexequibilidad de esas normas”.

 En tanto que Puentes dijo que responderá como siempre lo ha hecho ante los requerimientos de la justicia y en este caso ante el Consejo de Estado.

Al igual que los demás congresistas, el representante Osorio dijo sentirse tranquilo y señaló que es una oportunidad más para responder ante el Consejo de Estado. “Me parece absolutamente válido que se abra la investigación, que es una oportunidad para entregar las explicaciones de rigor y yo me someto a las reglas de juego”.

Villar también denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a los mismos 12 congresistas por los delitos de falsedad en documento público, extralimitación de funciones, tráfico de influencias, conflicto de intereses y posible concierto para delinquir, investigación que ya fue abierta oficialmente y que les fue notificada durante el mes de diciembre.

Hay otra demanda, que también fue aceptada, que incluye a todos los 162 congresistas que votaron la reforma a la justicia, acción judicial que estaría en manos del magistrado Luis Guillermo Salazar y señala a los legisladores como autores de la conducta punible de prevaricato.

 Otras tres demandas fueron interpuestas ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por distintos juristas contra los conciliadores.

Corte Constitucional

A mediados de junio pasado el Congreso en sesiones extras hundió la reforma a la justicia que había aprobado unos días antes, atendiendo una petición del presidente Santos, quien se negó a promulgar esta iniciativa alegando que en la etapa de conciliación le introdujeron 17 micos.

Nunca antes un Jefe de Estado se había negado a promulgar un acto legislativo. Frente a este hecho, la Corte Constitucional admitió dos demandas contra la reforma a la justicia, con las cuales los demandantes esperan que el Alto Tribunal aclare las dudas sobre la vigencia de la norma, la convocatoria de sesiones extras y las objeciones presidenciales.