A la Comisión Sexta de Cámara asistirán, además de la ministra de Educación María Fernanda Campo, varios representantes de los estamentos universitarios.

Por Armando González
Periodista de EL NUEVO SIGLO

Con el precedente de que ayer el presidente Santos dijo que será retirado el componente de ánimo de lucro de la iniciativa de reforma a la educación superior, porque este aspecto no logró consenso entre los partidos que conforman la Mesa de Unidad Nacional que apoya su gobierno, hoy la Comisión Sexta de Cámara analizará este proyecto.

En el debate citado por el presidente de la Comisión Sexta de la Cámara, el representante cundinamarqués José Edilberto Caicedo, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), adelantarán el estudio de la reforma a la Ley 30 de 1992, “por la cual se organiza el servicio público de Educación Superior”.

Además de la ministra de Educación Nacional María Fernanda Campo, al debate contará con la participación de Mauricio Alvarado, presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Educación Tecnológica (Aciet), José Fernando Isaza, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia.

Hasta hace un mes, el Gobierno estaba dispuesto a radicar su proyecto el 20 de julio, pero decidió aplazarlo para lograr mayores coincidencias con los estamentos universitarios.

Ya en marzo, el presidente Juan Manuel Santos había declarado que “no queremos, ni podemos, hacer esta reforma solos”, porque “una reforma tan importante requiere de una discusión amplia y pública” y porque “la idea es que”, dijo, de la mano de los estamentos, “presentemos al Congreso un proyecto de reforma visionario y pragmático”.

“Siempre he sido un convencido de que la concertación y la discusión enriquecen la calidad de las políticas públicas, y sobre todo de una política pública tan importante, tan trascendental para el futuro de nuestro país como es su educación superior”, agregó.

En todo caso, ya la ministra Campo tiene listo un articulado que recoge todos los comentarios, sugerencias y propuestas recogidas como resultado del proceso de discusión nacional que inició el 10 de marzo pasado.

La funcionaria, al presentar el documento el 15 de julio, afirmó que la primera conclusión de todo el proceso de discusión es que el país sí requiere de una reforma para lograr que más jóvenes accedan a una educación superior de calidad, al tiempo que aseguró que “para que Colombia sea un país más competitivo es necesario ajustar la educación superior y cubrir las necesidades de acuerdo con las demandas de un mundo cada vez más global”.

Asimismo, Campo señaló que en el Proyecto quedó establecido que la Educación Superior es un derecho, un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. Por otra parte, se acogió como título de la propuesta: “Por el cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”.

Uno de los aspectos más polémicos de la iniciativa, sin duda, es el que se refiere a las Instituciones de Educación Superior (IES) con ánimo de lucro.

La ministra Campo ha explicado que el proyecto acogió, entre otras precisiones, que “se hará un mayor control sobre las fuentes de recursos y los socios para otorgar su autorización”; que “la autorización para prestar el servicio la otorgará Mineducación por un período de 5 años, los cuales serán renovables hasta cuando la IES obtenga la acreditación institucional”; que “estarán sujetas a la constante inspección y vigilancia por parte del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Sociedades”; que “estas IES deben ser garantes de los créditos educativos que sus estudiantes soliciten al Icetex”; que “antes de distribuir utilidades, se deben demostrar recursos que garanticen la sostenibilidad financiera”; que “se adoptarán medidas para impedir una posición dominante de las mismas”; y que “se crearán mecanismos para que parte de la renta gravable se destine a un Fondo de Garantías para otorgar créditos educativos y para el fortalecimiento de las IES públicas”.

El Ministerio de Educación acogió también la ampliación, de 5 a 8 años, del plazo para cumplir con los requisitos para la denominación de "Universidad", así como su acompañamiento a las universidades que hoy no cumplen con los mismos. En aras de la calidad, se especifica asimismo que los programas de doctorado sólo podrán ser desarrollados por las universidades o por las IES que estén acreditadas institucionalmente. Igualmente, se amplía la función de extensión universitaria y el vínculo con la sociedad y el sector productivo.