Lo que se creía sería el primer ajuste a fondo en dos décadas a esta Rama, terminó convertido en un peligro para el Estado y la administración de justicia, tanto que fue necesario hundirlo a toda costa
Nunca antes, desde que entró en vigencia la Carta del 91, el país estuvo tan cerca, luego de múltiples y fallidos intentos en dos décadas, de concretar una reforma a la Rama Judicial. Pero, paradójicamente, nunca antes fue tan urgente hundir un proyecto aprobado por el Congreso, así hubiera que acudir a vías extraordinarias e inéditas.
Esa puede ser la radiografía más acertada respecto a lo que pasó con el proyecto de reforma judicial que tras un año de discusión y ocho debates en Senado y Cámara terminó recibiendo la aprobación final en una accidentada instancia de conciliación a mediados de junio.
Aunque había sido blanco de múltiples críticas desde distintos sectores e incluso las altas Cortes la vetaron y no volvieron a los debates en las comisiones y plenarias, la iniciativa avanzó contra viento y marea. Sin embargo, el ambiente a su alrededor cada vez se enrarecía más y lo que se pensaba era una cirugía a fondo a la estructura funcional de la Rama Judicial degeneró en un peligroso y desinstitucionalizador monstruo que amenazaba la funcionalidad propia del Estado y sus principios rectores.
Por cuenta del transaccionismo parlamentario y los movimientos callados de una parte de la magistratura, el proyecto terminó inmerso en un evidente juego de intereses particulares; maniobras non sanctas para promover la impunidad de los altos funcionarios aforados investigados o ya condenados; flexibilización extrema en las figuras de pérdida de investidura y doble instancia; la abierta intención de bloquear el accionar ejemplarizante de la Corte Suprema de Justicia; dádivas a los magistrados en materia de aumentar la edad de retiro forzoso y ampliación del periodo; polémicos mecanismos para tratar de descongestionar los despachos judiciales; un cambio muy limitado al Consejo Superior de la Judicatura…
Ola de indignación
En fin, todo un lastre de modificaciones que, una vez se aprobó en las plenarias del Senado y la Cámara el texto salido de una sospechosa y accidentada conciliación, empezó a evidenciarse como un verdadero peligro para la institucionalidad.
Y así, en cuestión de horas se fueron apagando las pocas voces que alababan al Congreso por aprobar la primera reforma judicial de algún alcance en dos décadas y felicitaban el liderazgo del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien pidió a los parlamentarios votar positivamente la iniciativa.
La protesta nacional, que tuvo como principal motor las redes sociales, pronto generó una especie de tsunami de indignación y, siendo tan alto el desprestigio del Legislativo, las miradas acusadoras se dirigieron principalmente a la Casa de Nariño y al propio presidente Juan Manuel Santos. Se hablaba incluso de una inminente excarcelación masiva de parapolíticos así como de congresistas, ex ministros y otros altos cargos investigados por graves delitos que nunca terminarían pagando sus fechorías.
Mientras que en el Congreso algunos parlamentarios trataban de justificar lo injustificable, otros, como el presidente de la Cámara y jefe liberal, Simón Gaviria, preferían pasar la vergüenza de admitir que votaron sin leer bien el texto de la iniciativa.
El Gobierno fue impotente para tratar de frenar la ola de indignación nacional que crecía hora tras hora, al tiempo que se abría en cuestión de dos días la posibilidad de convocar un referendo derogatorio no sólo del acto legislativo aprobado sino hasta del propio Congreso.
Corrección urgente
Sabedor de que la opinión pública descargaba gran parte de la responsabilidad del escándalo en la Casa de Nariño, el presidente Santos se vio forzado a actuar y lo hizo por una vía hasta entonces inédita tratándose de actos legislativos aprobados por el Congreso: objetó la iniciativa por razones de inconveniencia y violación constitucional.
Aunque los juristas se dividieron en torno a si eran viables las objeciones a un acto legislativo, o si éste ya con el visto bueno del Congreso cobraba vigencia inmediata, lo cierto es que el ambiente en todo el país estaba muy caldeado y en cuestión de pocas horas los mismos partidos que habían votado la polémica conciliación de la reforma judicial, dieron un giro de 180 grados y al unísono se declararon dispuestos a votar positivamente las objeciones y hundir todo el proyecto.
Y para que no quedara duda de esa intención, se convocó- también de forma inédita tratándose de objeciones a un acto legislativo- al Congreso a sesiones extraordinarias. Allí se enterró el proyecto por votación mayoritaria y rápida, neutralizando así el monstruo que tanto el Ejecutivo como el Parlamento habían creado.
Los coletazos de este descalabro político, jurídico y legislativo no se hicieron esperar. El presidente Santos cayó estrepitosamente en las encuestas y rodó la cabeza del ministro Esguerra. La imagen del Congreso, que se había recuperado tras una primera legislatura calificada de “histórica”, volvió al ostracismo del desprestigio y sinónimo de corrupción. La coalición parlamentaria gobiernista, “Unidad Nacional”, se fisuró y los partidos prometieron ‘cobrar’ al Ejecutivo el hecho de lavarse las manos en el escándalo y echarle toda el agua sucia al Congreso.
Aunque se anunciaron pesquisas disciplinarias y penales, pasaron los meses y nada ocurrió. Sólo en este diciembre la Corte Suprema decidió abrir investigación a 12 de los conciliadores del proyecto en Senado y Cámara al tiempo que puso en la mira a Esguerra y el ex titular de Interior, Federico Renjifo.
Pero más allá de todo ese rifirrafe, lo cierto es que por cuenta de la politiquería y el juego de los intereses particulares, la posibilidad de aplicar una reforma judicial de fondo, que todo el país sabe que es urgente y necesaria, terminó en una gran decepción, la mayor decepción de 2012.