Judicatura analizará posible demanda: Ruiz
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la reforma de equilibrio de poderes, tras ser aprobada por el Congreso?
WILSON RUIZ:Estamos muy tristes, de acuerdo a lo que yo he venido diciéndole al país.
Es decir, allí hay prácticamente una masacre laboral. No se tuvo en cuenta a los trabajadores de la Rama Judicial.
Lo otro que siempre hemos sostenido es que allí no se respetó el principio de consecutividad. Es decir, le han colocado allí una cantidad de artículos en la segunda vuelta que no fueron colocados en la primera. Le colocaron órganos de control, parte política y parte judicial.
También lo que siempre he dicho: eso no tiene que ser una reforma judicial política, sino que tiene que ser una independiente de la otra.
En fin. Yo les he dicho muchas cosas que no han sido valoradas. Pero respetó al Congreso. No hay que cantar victoria. Viene la conciliación en el Senado.
ENS: ¿Con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, cuántos funcionarios saldrían?
WRSe han calculado entre cuatro mil y cinco mil funcionarios.
ENS: ¿Qué han pensado para evitar la salida de esos funcionarios?
WR: Lo que yo siempre he dicho: pienso que debió haber una concertación primero, para ver qué iban a hacer con la clase trabajadora, pero infortunadamente no se definió.
Y también considero que la entrada en vigencia de un nuevo órgano, como Comisión de Disciplina Judicial, en ningún momento soluciona los problemas coyunturales de la Rama. Lo que realmente el país requiere es de más jueces, de más magistrados. Es inaudito que por cada 100.000 habitantes tengamos dos jueces.
Se viene eventualmente un proceso de paz y necesitamos más y más jueces para combatir las Bacrim en todo el país. Apenas contamos con 30 jueces itinerantes.
Una reforma a la justicia es eso: crear más y más jueces y magistrados, para que haya una administración de justicia plena, para que las personas del común, el ciudadano de a pie, vean que realmente están funcionando los diferentes procesos que están ventilando ante la justicia colombiana, y que no pasen 20 o 30 años. Es una verdadera justicia lo que la gente puede estar esperando. Esto no soluciona en nada los problemas coyunturales de la Rama.
Jueces y abogados
ENS: ¿Cómo quedan los jueces y los abogados en la reforma?
WR:Preocupados, porque en estos momentos los conflictos de competencias deben pasar apenas esté listo el acto legislativo.
Es decir, las tutelas nosotros seguimos conociéndolas hasta tanto no entre en vigencia la nueva Comisión de Administración Judicial.
En el tema de los abogados yo considero que nosotros hemos sido eficientes. La estadística así lo explica. Hemos sancionado más de 16.000 abogados, más de 2.000 funcionarios judiciales. Y lo que se pretende es crear una comisión de abogados para investigarse entre ellos mismos. Me parece muy complicado. El país no está preparado para ello. Y creo que los jueces son los que tenemos esa facultad legal y constitucional para entrar a sancionar e investigar lo que haya lugar.
ENS: ¿Cree que con esta reforma prácticamente se acaba la Rama Judicial?
WR:Por supuesto. Aquí prácticamente ya no hay una autonomía de la Rama Judicial, una autonomía que se ganó después de 1991.
Creo que es un retroceso. Teníamos una independencia que se había logrado con tanto ahínco. Creo que la echaron por la borda. Me preocupa la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, con la que durante más de 23 años hemos sido modelo en toda Latinoamérica.
ENS: ¿Cree que los jueces estarán atemorizados por el Gobierno?
WR:Lo que siempre he dicho yo, como vocero de la Rama Judicial y presidente del Consejo Superior: soy muy respetuoso de decisiones que dicte el Congreso o el presidente, cuando saca decretos con fuerza de ley.
Lo que le quiero decir es que sí consideramos que hay una intromisión indebida hacia la Rama Judicial. Están pretendiendo socavar la independencia de todos los jueces. No podemos olvidar que este país cuenta con 25.000 trabajadores de la Rama Judicial y aproximadamente con unos 6.000 que engrosan la lista de descongestión, los cuales nada es de extrañarse que también quede por fuera de la Rama Judicial.
ENS: ¿El Tribunal de Aforados le gusta?
WR:Yo en esa parte no me meto. Yo soy respetuoso del Congreso de la República. Yo considero que eso lo crearon ellos. Veremos a ver qué pasa. Pero me parece a mí que no era el modelo que inicialmente se había pensado. Yo la verdad no quiero opinar sobre eso, porque ellos nos van a investigar a todos nosotros.
ENS: ¿Piensan demandar esta reforma?
WR:Esperemos a ver cómo avanza la conciliación en el Senado. Y como Corte miraremos qué vamos hacer.
ENS: ¿Cómo será ese proceso de transición entre la eliminación del Consejo Superior y la creación de la nueva entidad?
WR:Un año es insuficiente para que nosotros entreguemos más de 50.000 procesos que hay en todo el país.
Lo que me preocupa es que puede generarse impunidad. Después de una reforma constitucional obligatoriamente tiene que venir una ley estatutaria. Y yo creo que en un año es difícil que se dé, de modo que se requiere de más tiempo.
Demandas serán individuales: Vergara
EL NUEVO SIGLO: El Congreso le dio el visto bueno a la reforma de equilibrio de poderes. ¿Cómo la ve?
LUIS RAFAEL VERGARA:Eso estaba dentro de la autonomía y la independencia del Congreso y del Gobierno. Ellos impulsaron esa reforma. Lo único es que sentimos es que esa reforma no vaya a tener un beneficio grande para el ciudadano de a pie, que es la expectativa que teníamos todos: que fuera una reforma benéfica para toda la administración de justicia.
Es simplemente una reforma parcial. No resuelve los problemas estructurales ni los problemas centrales de la administración de justicia.
ENS: El magistrado Gustavo Gómez sostuvo que con la reforma perdían autonomía los jueces. ¿Siente lo mismo?
LRV:En algunos aspectos sí, si no se resuelve el problema del presupuesto y que la Rama tenga un poder para manejar su propio presupuesto. Sin presupuesto no hay autonomía. Esa es una realidad. Y era uno de los puntos medulares que se han debido tocar.
ENS: ¿El Consejo de Estado como queda con la reforma de equilibrio de poderes?
LRV:El Consejo de Estado queda igual. La reforma no afectó en nada la estructura del Consejo de Estado. Simplemente el Consejo, antes de que se produjeran algunas situaciones que tenían que ver con el reglamento, había comenzado a promover reformas hacía el interior del mismo. Y se consideraron algunos puntos, como la modificación del reglamento. Pero el Consejo de Estado no sufrió ni salió afectado con alguna norma.
ENS: En el momento que se hicieron las críticas por parte de las Cortes, los congresistas señalaban que se estaban tocando la independencia del Legislativo. ¿Ustedes se estaban entrometiendo?
LRV: Cuando tuvimos la oportunidad de asistir a la audiencia pública, le dijimos al Congreso que nosotros advertíamos simplemente para ser efectivo el principio de colaboración de los Poderes Públicos, aportando nuestro grano de arena con el fin de que la reforma saliera lo mejor posible para la justicia y para el país.
Y efectivamente, de 10 o 15 puntos de los que nosotros participamos, un buen número de los planteamientos que se hicieron, fueron recogidos por parte de los ponentes y del propio Gobierno.
ENS: ¿La participación de ustedes sirvió para armonizar la reforma?
LRV: Así es, para mejorar y para corregir lo que se estaba haciendo en ese momento. La intervención de nosotros era simplemente para hacer planteamientos. Muchas de las cosas se acogieron, otras no. La reforma tiene cosas buenas, cosas malas y cosas regulares, entonces hay cosas que fueron descartables, que nosotros las descartamos desde un principio, y otras cosas que fueron acogidas, recogidas, que fueron bastantes benéficas.
ENS: ¿Se tendrá que presentar una reforma a la justicia a fondo?
LRV:Claro, es que aquí en Colombia, como decía un congresista, abrimos un hueco para meter unas líneas telefónicas y al otro año abrimos el hueco y volvemos a meter las del gas.
Se debió haber hecho una reforma estructural, completa e integral, de una sola vez. Y no lo que hacemos aquí, que es de a poquitos, de a pedacitos y a veces eso se vuelve una verdadera colcha de retazos.
Se ha debido hacer una reforma estructural de manera integral y completa.
Por eso prepárese para los próximos años. Las cuestiones medulares, las cuestiones esenciales de la administración de justicia no se tocaron.
Esto al ciudadano de a pie no le sirve para nada. No hubo beneficios para la persona que va buscar el servicio público de la administración de justicia.
ENS: ¿Con esta reforma se abrió un hueco?
LRV:Simplemente se tapó un hueco. Unos pedazos. Se taparon algunos puntos, que algunos de ellos era necesario taparlos, pero no se hizo en una forma completa e integral como ha debido ser.
ENS: El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que no descartaba demandar. ¿Ustedes piensan hacer lo mismo?
LRV:Yo eso sí lo descarto, porque eso no es elegante. Eso es algo que iría en contra de la autonomía y la independencia del Gobierno y del Legislativo.
Nosotros respetamos la autonomía, la independencia del Congreso y del Gobierno. No creo que tenga buena presentación que el Consejo de Estado como entidad, como cuerpo colegiado, empiece a presentar demandas contra esa reforma, salvo las posiciones personales de cada magistrado, que dentro de su autonomía está en su derecho de presentar la demanda que a bien tenga. Pero el Consejo de Estado como ente, como corporación judicial, no ha pensado en presentar demandas.
ENS: ¿Con esta reforma se fortalece el Poder Ejecutivo?
LRV:En algunas partes hubo concentración de poderes, más que todo en el Ejecutivo y en detrimento de la Rama Judicial.
Si usted ve en el equilibrio de poderes, verá que muchas de las funciones pasaron a manos del presidente. Y si lo que se buscaba era un equilibrio, pues eso no se consiguió. Y además, fíjese que lo principal de la reforma de equilibrio de poderes se perdió. Si el punto eran las listas cerradas, eso desapareció y nunca se aprobó, cuando era lo que todo el mundo esperaba.
Esperemos a ver cómo avanza la conciliación en el Senado. Y como Corte miraremos qué vamos hacer.
ENS: ¿Cómo será ese proceso de transición entre la eliminación del Consejo Superior y la creación de la nueva entidad?
WR:Un año es insuficiente para que nosotros entreguemos más de 50.000 procesos que hay en todo el país.
Lo que me preocupa es que puede generarse impunidad. Después de una reforma constitucional obligatoriamente tiene que venir una ley estatutaria. Y yo creo que en un año es difícil que se dé, de modo que se requiere de más tiempo.
Gobierno tranquilo ante las demandas: Reyes
EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina de la posible cascada de demandas contra la reforma de equilibrio de poderes por supuestos vicios de forma y de fondo?
YESID REYES:Desde hace varias semanas se viene hablando desde distintas instituciones que tienen el ánimo de demandar la reforma de equilibrio de poderes, así que me imagino que en cuanto entre en vigencia entrarán demandas ante la Corte Constitucional.
Incluso los medios de comunicación ya decían que la Fiscalía General de la Nación tenía preparada la suya. De tal manera que sí, que tan pronto entre en vigencia la demandarán.
ENS: Uno de los temas que más se le ha criticado a esta reforma ha sido la posibilidad que se esté sustituyendo la Constitución con algunos de los artículos que tocan la Rama Judicial. ¿Está blindado el Gobierno frente a este argumento crítico?
YR: Yo no creo que haya ninguna sustitución de la Constitución. Ese es uno de los argumentos, como dice usted, que más se ha esgrimido, junto con otros como la falta de consecutividad.
Pero le reitero el Gobierno está tranquilo y confiado de que la reforma se tramito de la manera correcta.
ENS: ¿Cómo quedó la nueva figura del Tribunal de Aforados y qué garantiza que no vaya a crearse el mismo problema de impunidad de la Comisión Acusaciones?
YR: La Comisión de Acusaciones tenía fundamentalmente dos problemas. El primero, que no estaba conformada por personas técnicas. Los integrantes de la Comisión no tienen que ser abogados penalistas, sino que son parlamentarios que adicionalmente a su labor de congresistas, eventualmente se ocupan hacer investigaciones penales, para las cuales repito no deben tener formación especializada porque no lo exige la Constitución. Y el segundo problema es que siendo parlamentarios los miembros de la Comisión, tienen la facultad de investigar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados de la Corte tienen la facultad de investigar a los integrantes del Parlamento, con lo cual había una investigación cruzada ente los dos. La suma de esas dos condiciones hace inviable la Comisión de Acusaciones.
Lo que se hizo fue corregir los problemas al crear la Comisión de Aforados como independiente al Congreso. Ya no va a haber más investigaciones cruzadas, porque la Comisión de Aforados investiga a los magistrados de la Corte, pero los magistrados de la Corte no tienen facultad de investigar a la Comisión de Aforados. Y segundo, la Comisión de Aforados está integrada por abogados que tienen que cumplir los requisitos que los magistrados de las Cortes, con lo cual se acaba el segundo problema, como es la falta de especialización o de conocimientos técnicos de la Comisión de Acusaciones.
ENS: ¿Al presidente quien lo investiga?
YR:El juzgamiento del presidente no sufrió ninguna alteración.
Transición
ENS: ¿El periodo de transición frente a los procesos de los aforados, cómo va a funcionar?
YR:Se fijó un plazo de un año para evitar que si entraba a funcionar inmediatamente la Comisión de Aforados pues colapsara por la cantidad de investigaciones represadas en la Comisión de Acusaciones.
Entonces se le da un año de transición. Y durante ese año la Comisión debe seguir cumpliendo las funciones normalmente, con la posibilidad de dictar resoluciones inhibitorias en los casos que tienen bajo su conocimiento.
No hay lugar de iniciar una investigación u ordenando la apertura de la investigación correspondiente en caso de que tengan material suficiente para acusar, dándoles la posibilidad de que acusen. Y si al final de ese periodo de un año quedan investigaciones no terminadas, le deberán trasladarse a esa Comisión de Aforados.
ENS: Haciendo un poco de abogado del diablo, ¿durante ese año de transición se tendrá un nivel de blindaje?
YR:Normalmente la Comisión de Acusaciones ha tenido un grupo de apoyo que la ha asesorado. Suponemos que seguirá contando con ese apoyo y eventualmente si requiriera más se le podría suministrar para que cumpla más rápidamente las funciones que tiene a su cargo.
ENS: Los presidentes de las altas Cortes han insistido en la posibilidad de declarar inexequible parte de la reforma. ¿El Gobierno confía en la absoluta neutralidad para definir estos temas?
YR:Después del pronunciamiento que tuvo la Comisión interinstitucional, recordará usted que incluso hubo desautorizaciones por parte del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia frente a los pronunciamientos que habían hechos sus presidentes en ese comunicado.
Después de eso nosotros nos reunimos con los presidentes de las altas Cortes. El único presidente de alta Corte que mantuvo su posición de que el Congreso no era el organismo apropiado para hacer una reforma constitucional sobre la Rama Judicial y que por consiguiente se imponía la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Leónidas Bustos. Los demás presidentes de las altas Cortes, incluido el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, en esa reunión nos dijeron: primero, que reconocían al Congreso como la institución válida y legítima para tramitar una reforma a la justicia, una reforma constitucional; segundo, que les parecía que había normas buenas en la reforma; tercero, que tenían algunas observaciones puntuales sobre otras y las mencionaron; cuarto, que eran conscientes de que la última palabra en la reforma constitucional la tenía el Congreso, por lo que estaban dispuestos a acatar el Congreso.
Las observaciones que hicieron los presidentes de las Cortes se evaluaron y muchas de ellas fueron aceptadas e incorporadas al texto final de la reforma constitucional, como por ejemplo la doble instancia en los procesos disciplinarios que les adelantará la Comisión de Aforados o la posibilidad de que las mismas Cortes regularan vía reglamento la cantidad de votos que serán requeridos a futuro para la elección de magistrados.
ENS: Lo que dijo inicialmente el fiscal es que la reforma lejos de equilibrar los poderes, la desequilibrada. ¿Este riesgo para el Gobierno ya está neutralizado?
YR:El principal problema de desequilibrio de poderes se derivaba de la facultad de reelección, porque con las posibilidades de reelección todos los tiempos que había previsto la Constitución de 1991 quedaron alterados. Entonces la eliminación de la reelección ya se supone un importante reequilibrio de poderes.
Justicia
ENS: Superado el trámite de la reforma, ¿en materia de justicia, el Gobierno tiene planteado llevar alguna iniciativa al Congreso?
YR:La reforma de equilibrio de poderes es solamente uno de los componentes que está trabajando el Gobierno en materia de reforma administración de justicia.
Es un componente muy importante, porque la administración de la Rama Judicial no ha funcionado correctamente en los últimos años. Y si no hay un buen manejo, una buena administración de los recursos humanos y económicos, es muy difícil que la Rama Judicial opere.
De ahí la insistencia del Gobierno de sacar adelante esta reforma constitucional, pero paralelamente se viene trabajando en casi 30 iniciativas adicionales, que tienen que ver con modificaciones a la administración de justicia.
Eso no significa que sean 30 proyectos de ley. Hay algunas que son iniciativas legislativas y otros simplemente son cambios de modelo de gestión, que están orientados fundamentalmente a acercar la justicia al ciudadano.
Desde el punto de vista legislativo, se aprobó hace un par de años un Código General del Proceso, se aprobaron nuevos códigos administrativos de procedimientos administrativo, se aprobó un nuevo Código Penitenciario, en diciembre del año pasado se aprobó una ley que permite inyectar recursos adicionales por cerca de 650.000 millones de pesos anuales.
La semana entrante termina su tránsito por el Congreso un proyecto de ley que racionalizara el uso de la detención preventiva, no solamente hará precisiones en cuanto a los requisitos que se requieren para dictar medidas de aseguramiento, sino que por primera vez le van a poner un límite máximo a la detención preventiva, que hoy en día no existe en Colombia y que ha llevado que exista persona detenida preventivamente, durante 8, 9 ó 10 años.
La semana pasada expedimos un decreto que agiliza el cambio de sexo de las persona trans en el Registro Civil. Estamos trabajando en un rediseño de casas de justicia y centros de conciliación. Estamos en rediseño y fortalecimiento de comisarías de familias. Y con esto le digo que el Ministerio de Justicia viene trabajando simultáneamente en cerca de 30 iniciativas, que en su conjunto y junto a la reforma de equilibrio de poderes, constituyen la gran reforma.
ENS: ¿Si usted tuviera que resumir la importancia reforma de equilibrio de poderes, cómo lo haría?
YR:En materia de administración de justicia tres cosas importantes.
Primera, se cambia el sistema de administración judicial. El Consejo Superior de la Judicatura demostró ser ineficiente en sus labores de administración, tanto de personal como de recursos. Se cambia por un organismo especializado que va a mejorar la administración de la Rama.
Dos, se cambia la Comisión de Acusaciones. Se cambia porque no estaba integrada por personas especializadas en investigación y segundo porque había una investigación recíproca con los magistrados de las Cortes, por una Comisión de Aforados independiente conformada por personas técnicas, y que no puede ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia.
Abogados
ENS: ¿Va a presentar la reforma del estatuto del abogado?
YR:Estamos trabajando fundamentalmente en tres aspectos distintos. Uno orientado a mejorar formación de abogados y formación de funcionarios judiciales. Hay que manejarla aparte. ¿Por qué es importante este tema? Porque en los últimos años la legislación colombiana ha empezado a cambiar la estructura de los procesos. Estamos moviéndonos de un sistema fundamentalmente escrito, inquisitivo, hacia sistemas orales de corte adversarial. Y eso que representanta un gran cambio estructural en todos los procedimientos, no ha llevado a que los estudios en las universidades cambien. Dicho de otra manera: los procedimientos están cambiando, y los métodos y contenidos de enseñanza se están quedando atrás frente a esos procedimientos. Entonces queremos trabajar mucho en el ajustar la preparación de los abogados y los funcionarios judiciales.
Y el otro proyecto en el que estamos trabajando es en la exigencia de un examen que le permita a los abogados autorizarles ejercer la profesión.
ENS: El proyecto que flexibiliza la detención preventiva muchos juristas lo han apoyado. Sin embargo en la ciudadanía hay preocupación, porque por ejemplo si se captura a una persona robando en Transmilenio la judicializan pero a las dos horas ya está libre. ¿Cómo acompasar con esa preocupación ciudadana, con la reforma que está a punto de salir?
YR:Primero, no se trata de acabar con las detenciones preventivas. Esa es una medida de aseguramiento muy útil en muchísimos casos. De lo que se trata es de reducirla en los casos que sea estrictamente necesario.
¿Cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando una persona es dejada en libertad, puede huir de las autoridades, es decir no acudir más al proceso y al eventual cumplimiento de una pena cuando se le imponga; puede aprovechar su libertad para manipular las pruebas dentro del proceso que se adelanta; o tres puede continuar delinquiendo.
Si uno demuestra en un proceso concreto que una de esas tres opciones puede ocurrir a futuro, entonces es obligación del juez imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva.
Pero en la práctica hemos visto que en muchos casos procedía una medida de aseguramiento distinta a la de la detención preventiva.
Tenga en cuenta que el Código de Procedimiento consagra 11 medidas de aseguramiento distintas, y estamos utilizando solo una de ellas. La demostración de que muchas de esas medidas se aseguramiento son innecesarias es que actualmente tenemos 18.000 demandas contra el Estado por detenciones preventivas, con reclamaciones económicas que son superiores a las 23.000 millones de pesos.
En cuanto a las personas que llegan a los juzgados y quedan en libertad, hay que hacer varias precisiones. Y es en casos en que se utiliza violencia para la comisión de delitos del patrimonio económico. Esa violencia constituye un agravante que permite la detención preventiva, como también procede la detención preventiva cuando esos delitos se cometen despojar a las personas de teléfonos celulares.