Como la apertura de una puerta a la corrupción en materia de contratación, calificó ayer el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, la reforma Código Disciplinario que en la actualidad discute el Congreso.

Se trata del compendio de normas con que cuenta el Ministerio Público para sancionar las irregularidades de tipo administrativo en que incurren los funcionarios, y que ha servido para que muchos alcaldes y gobernadores sean retirados del cargo.

Este Código fue tema de fuerte discusión el año anterior por la destitución e inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos de que fue objeto el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del Ministerio Público.

El organismo de control sancionó al alcalde capitalino por las irregularidades que se presentaron en la implementación que éste hizo a finales de 2013 de un modelo de aseo a cargo del Distrito.

En marzo de 2014, el presidente Santos hizo efectiva la destitución del Burgomaestre solicitada por la Procuraduría, sin embargo, poco días después Petro fue restituido en el cargo gracias a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo benefició con medidas cautelares.

Por esos días se dijo que el Código Disciplinario estaba desactualizado, pues fue expedido en el año 2002, y que las sanciones eran desproporcionadas frente a la falta, pues podía  dejar sin elegibilidad política a un funcionario, incluso, por 20 años por un error administrativo si se comprobaba dolo en la actuación.

En consecuencia, el Procurador después de dar un debate nacional sobre el tema presentó al Congreso una reforma del Código haciendo una nueva clasificación de las faltas, lo que redundó en algunos casos en la disminución de las sanciones.

No obstante, Cuéllar dijo que con esta reforma se verán beneficiados funcionarios comprometidos en falta gravísimas

“En lo que se trata de contratación, se ha abierto una puerta de corrupción gravísima. El servicio público debe ser una cosa respetable. No creo que sea adecuado disminuir una sanción que corresponde a la gravedad de la falta cometida”, señaló el exprocurador.

Como consecuencia de la reforma, la persona inhabilitada por la Procuraduría a 20 años podría quedar en 10 años y quien sea inhabilitado a 10 años lograría que la sanción le quede en tres años.

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez ha explicado que con la reforma se busca que el Código Disciplinario responda a las necesidades actuales del país y la lucha contra la corrupción.

Por eso destacó entre los cambios que estudia el Congreso “la dosificación de las sanciones y su sistematización, la unificación del procedimiento, que se recogen en aspectos de oralidad y sólo son escritos en el pliego de cargos, que seguirán en audiencia pública, se establece un estatuto probatorio propio del derecho disciplinario, también la confesión y colaboración para la reducción de las sanciones. Es un Código que viene a ser más expedito y eficaz”.