Por Álvaro E. Sánchez H. *

Especial para EL NUEVO SIGLO

Contexto. El Gobierno nacional acaba de firmar el decreto que convierte en reserva protegida por el convenio de RAMSAR la porción de territorio conocida como “La estrella del sur”, que está ubicada en Guainía y tiene un área total de algo más de 260.000 hectáreas. Se convierte así en la sexta reserva de nuestro país protegida por dicho convenio.

El convenio de RAMSAR es un acuerdo multinacional de buenas voluntades que pretende proteger los humedales y las fuentes primarias de agua a nivel mundial. Es una convención relativa a los humedales de importancia estratégica global, especialmente aquellos que se constituyen en hábitat de aves acuáticas. Fue adoptado por Colombia el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Y como otras muchas cosas importantes, tardó doce largos años en ser aprobado por el Congreso mediante la ley 357 de 1997 y fue ratificado configurando la plena adhesión el 18 de junio de 1998.

Es así como el país tardó 23 años en comenzar a buscar la protección de sus humedales y ha tardado 39 años en llegar a 6 zonas protegidas, de las más de 60 o 70 que deben existir en el país con esa importancia estratégica. En todo caso el hecho es un avance pero con la simple firma del decreto no se ha ganado nada, el camino largo es hacerlo efectivo.

Las dificultades

Como escribía en días anteriores, en un planeta que va hacia la autodestrucción, en una especie de suicidio colectivo. En un país que ve como poco a poco nuestra gran riqueza en recursos naturales va disminuyendo más de prisa que la del resto de países de nuestro entorno, es apenas natural que exista una gran presión social para proteger dichos recursos y, por qué no, para mejorar las cada vez menores posibilidades de supervivencia de nuestra especie. Ésta presión no puede ser, sin embargo, de tal magnitud que impida la supervivencia de algunos de nuestros semejantes para lograr la de los demás; eso sería poco más que un asesinato masivo.

En todas las zonas protegidas, desde tiempos ancestrales se realizan actividades depredadoras como, por ejemplo, labores agrícolas, mineras y ganaderas, y de ellas vive una innumerable cantidad de familias que no conocen oficio diferente. Además existen asentamientos humanos que se hace necesario retirar; el Presidente de la República acaba de impartir una orden a los ministerios de Ambiente y de Minas en el sentido de desarrollar, en un plazo máximo de 6 meses, programas alternativos para las personas que hoy habitan en la zona de “la estrella del sur”. Esto presenta varios problemas:

·      Los habitantes de estas zonas han venido adquiriendo, a lo largo de centurias, habilidades específicas para las actividades que realizan y éstas se han fortalecido de generación en generación; esto de alguna manera hace muy difícil apartarlos de una actividad que ha logrado sostener a sus familias por cientos de años.

·      Los proyectos propuestos no son elaborados a partir de expectativas de los afectados, sino en escritorios de profesionales muy valiosos pero que, normalmente, no comprenden la idiosincrasia de los raizales y mucho menos sus pensamientos y maneras de entender la vida.

·      Cualquier proyecto que se proponga involucra una capacitación previa en actividades que normalmente los afectados no han realizado y esto implica un periodo de adaptación y aprendizaje que, de alguna manera, debe ser cubierto por los programas propuestos. Lo anterior porque los costos de la supervivencia de las familias no paran y se requiere mantener un mínimo de ingresos mientras la situación vuelve a estabilizarse.

·      Los proyectos deben tener la connotación de mantener el entorno natural de los afectados y esto implica dos cosas; mantenerlos en su hábitat y desarrollar actividades que tengan alguna similitud con las desarrolladas tradicionalmente.

·      Los ingresos que se deriven de los proyectos de substitución de actividades deberán generar ingresos iguales o similares a los tradicionales y con un flujo de ingresos también similar al tradicional; en caso contrario será muy difícil lograr un equilibrio en las finanzas familiares de los habitantes y éstos acabarán por abandonar los nuevos proyectos para retornar a los que se quieren suprimir.

Otros problemas

El control del Estado en la totalidad de las áreas protegidas, dista mucho de ser total; en ellas pululan los cultivos ilícitos y la minería criminal y de nada valdrá asfixiar a los mineros artesanales y a los ganaderos y agricultores de subsistencia, si no se logra establecer un efectivo control contra los grupos criminales que causan cientos de veces más daño que los anteriores; ya es hora de que el Gobierno nacional cumpla con su promesa de crear bloques de búsqueda que combatan la minería criminal.

Cualquiera que sea la solución que llegue a proponerse deberá dejar en claro  que no se debe llegar a sostener personas improductivas y a generar comunidades mendicantes, se debe tratar de fortalecer las posibilidades de desarrollo de las comunidades afectadas y realizar un proceso de cambio cultural que implica; abandonar el modus vivendi habitual y generar un nuevo orden que proteja la naturaleza. Evidentemente esto no podrá realizarse en 6 meses y deberá ser un largo y tedioso proceso que escasamente se podrá bosquejar en este lapso de tiempo.

Algunas reflexiones

Hace una semana recordaba la frase de Quevedo: “Ninguna ley ha de servir si no hay quien la haga cumplir” y quizá ahora es más oportuna; no se trata de desconocer la importancia del decreto firmado por el Gobierno nacional, se trata de suplicar que no ocurra como con tantos y tantos parques nacionales y zonas de reserva que cada día son depredados por grupos al margen de la ley mientras a los raizales se les crean proyectos que los apartan de su entorno cultural haciendo mayor el daño. No se trata tampoco de criticar la medida que es esencialmente buena, se trata de solicitar al Gobierno nacional dos cosas concretas: vigilancia de las zonas protegidas en forma permanente y efectiva y, elaboración y financiación de proyectos alternativos que no destruyan el entorno cultural de nuestras comunidades; esto último es tan o más importante que la preservación de nuestras riquezas bióticas.

*  Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental"- Escuela de Ingenierías,  Universidad Sergio Arboleda.  alsanchez2006@yahoo.es   @alvaro080255