Referéndum de independencia catalán fue rechazado | El Nuevo Siglo
Martes, 8 de Abril de 2014

Los diputados españoles dieron este martes un "no" masivo al proyecto de referéndum sobre la independencia de Cataluña, que el gobierno regional catalán, con un fuerte respaldo popular, se dice dispuesto a organizar pese a todo el 9 de noviembre.

Tras un debate de casi siete horas, los legisladores rechazaron por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención una petición del Parlamento regional catalán para que le fuera transferida la competencia de organizar consultas vinculantes.

La oposición a la iniciativa unió a los conservadores del PP --del jefe de gobierno español Mariano Rajoy-- con los socialistas del PSOE y algunos partidos pequeños.

"No concibo España sin Cataluña, ni una Cataluña fuera de España y de Europa", afirmó Rajoy, explicando su negativa a permitir un referéndum que considera anticonstitucional.

En un vehemente discurso, se dirigió "muy especialmente a los ciudadanos de Cataluña", gran región del noreste del país, orgullosa de su lengua y su cultura, donde desde hace años crece el sentimiento independentista atizado por una crisis económica que agravó las tensiones políticas.

"Se les escucha y se les entiende muy bien", aseguró, reafirmando su "disposición al diálogo siempre que se produzca (...) sobre aquellas cuestiones que la Constitución nos permite dialogar". Es decir, no sobre el referéndum.

"Un 'no' dialogante es como un helado caliente, es como el agua seca", le respondió el diputado ecolo-comunista catalán Joan Herrera. "Un no es un no", agregó.

Pero su compañera Marta Rovira, del partido independentista ERC, segunda fuerza catalana, dejó muy claro que los partidos secesionistas, muy mayoritarios en el Parlamento regional, están dispuestos a seguir adelante pese a este rechazo.

"No nos vamos a rendir, esto no acaba aquí", aseguró.

- Determinación a votar -

"Tengan por seguro que ha llegado la hora de que Cataluña vote y decida su futuro", había lanzado abriendo el debate Jordi Turull, diputado de la coalición nacionalista CiU, que gobierna en Cataluña.

Las principales fuerzas políticas catalanas fijaron para el 9 de noviembre una consulta en que los ciudadanos de la región deberán responder a una doble pregunta: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?" y "¿Quiere que sea un Estado independiente?".

De tener lugar, el referéndum marcaría un punto de inflexión en la presión nacionalista de esa región de 7,5 millones de habitantes, donde un poderoso grupo de presión independentista, la Asamblea Nacional Catalana, ya se marcó la fecha del 23 de abril de 2015, día de Sant Jordi, santo patrón de la región, para una separación unilateral.

Fronteriza con Francia y abierta al Mediterráneo, Cataluña, otrora motor económico de España y ahora una de sus regiones más endeudadas, reclama desde hace tiempo una mayor autonomía fiscal y acusa al gobierno central español de no redistribuir la riqueza de forma equitativa al tiempo que recentraliza competencias.

"No es verdad que Cataluña sufra una opresión insoportable, no es verdad que se asfixie la lengua, que se torpedee el bienestar, como tampoco es verdad que no se les ayude en las dificultades", negó Rajoy.

Y advirtió a los catalanes de "las consecuencias" de la ruptura con España: "Cataluña sería más pobre, saldría de la Unión Europea, del euro, perderían todos sus derechos como españoles".

"Lo que no cabe en la Constitución es preguntar a unos cuantos lo que afecta a todos", afirmó por su parte Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE, principal fuerza de la oposición, oponiéndose también a la separación: "España sin Cataluña es otra cosa, pero España desde luego no es".

"¿Tenemos un problema de convivencia entre Cataluña y España? ¿Sí o no? Y si lo tenemos ¿cómo lo podemos solucionar?", se preguntó Rubalcaba, cuyo partido defiende una reforma constitucional que implante un modelo federalista en España.

Varios partidos más pequeños aludieron también, de una forma u otra, a la necesidad de reformar una Constitución, aprobada en 1978, que había permitido al país iniciar el periodo de Transición hacia la democracia tras casi cuatro décadas de Guerra Civil (1936-1939) y dictadura franquista (1939-1975).