Referendo revocatorio, vía de Correa ante protestas | El Nuevo Siglo
Lunes, 15 de Junio de 2015

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo este lunes que está dispuesto a someterse a un referendo revocatorio ante las fuertes protestas opositoras que exigen su salida del poder en rechazo a varias iniciativas económicas. 

Arropado por miles de manifestantes, el mandatario, quien asumió en 2007, lanzó el desafío a sus adversarios. "Vamos opositores, en vez de usar la violencia, la fuerza, utilicen la Constitución: ¡Vamos a la consulta revocatoria que los derrotaré una y mil veces!", señaló desde el balcón presidencial.

Impulsada por Correa, la Constitución de Ecuador de 2008 prevé la convocatoria de un referendo revocatorio del presidente apoyado en la recolección de firmas.

El mandatario izquierdista esgrimió la posibilidad de ir a las urnas antes de que concluya su mandato en 2017 frente a las movilizaciones de la última semana que piden su salida al grito de "¡Fuera Correa, fuera!" en varias ciudades de Ecuador.

Dirigiéndose a sus críticos, Correa insistió: "Vamos, democráticamente, apliquen el artículo 105 de la Constitución. Llamen a una consulta revocatoria y con inmenso gusto los derrotaremos nuevamente en las urnas".

El mandatario enfrenta el rechazo de grupos económicos y  de clase alta y media por un proyecto de ley para la "redistribución de la riqueza" que prevé un aumento del impuesto a las herencias, y de otras iniciativas económicas que consideran son un castigo al éxito económico y al patrimonio familiar.

La iniciativa sobre las herencias, que deberá ser aprobada en julio por el Congreso de mayoría oficialista, detonó la ira de miles de ecuatorianos que protestan desde hace una semana. 

Alcaldes y líderes opositores se han sumado a la protesta, que según Correa responde a una "conspiración en marcha" para sacarlo del gobierno. El oficialismo también ha movilizado a sus simpatizantes.

Correa enfrentó en septiembre de 2010 una sublevación de policías que protestaban por una reforma salarial, lo que fue tildado por organismos como la OEA y la ONU como una amenaza al orden democrático.