La propuesta del Gobierno Santos para que la ciudadanía decida en las urnas, el mismo día de los comicios para Congreso o incluso de los presidenciales en 2014, si acepta o no el eventual acuerdo de paz a que se llegue con las Farc, tiene grandes implicaciones, pero sobre todo es una jugada política y electoral de alto calibre.
Son tres los frentes que deben analizarse. En primer lugar, que se trata del mayor voto de confianza que el proceso de paz haya recibido desde que se inició en noviembre pasado. Y ello es sustancialmente significativo porque se da en medio de un panorama más bien pesimista sobre el avance de las tratativas entre los negociadores del Ejecutivo y la guerrilla.
¿Si ese escenario es complejo, entonces por qué el Gobierno es tan optimista y se movió tan sorpresivamente?
Según el presidente Santos, la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley estatutaria -además acompañado de un mensaje de urgencia- lo que busca es prever que si en La Habana se llega a un acuerdo de paz, el país tenga ya un mecanismo para la refrendación popular de esos acuerdos.
Agregó que esa medida era necesaria porque las negociaciones con la guerrilla “avanzan” y no puede esperarse a más adelante para presentar el proyecto, debido “a los tiempos que se requieren para la aprobación de las leyes estatutarias, de la consulta, de la aprobación que también tiene que hacer de esas leyes la Corte Constitucional”.
“Lo que hemos decidido es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a un acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. Pero, si llegamos a unos acuerdos, si llegamos de aquí a final de año -como todos queremos- y no tenemos la posibilidad de refrendación, ahí sí sería un acto de inmensa irresponsabilidad. No haber previsto esa posibilidad”, explicó el Jefe de Estado.
Las declaraciones del Jefe de Estado, por más lógicas que parezcan desde el punto de la mecánica política y los tiempos del Congreso, no responden, sin embargo, la pregunta de fondo: ¿Por qué partir de un escenario tan optimista sobre el proceso de paz, si en las últimas semanas las tratativas Gobierno-Farc han estado en el ojo del huracán e, incluso, las propias encuestas evidencian que el apoyo ciudadano a las mismas viene en retroceso?
Escenario complejo
Las pruebas sobre esa coyuntura crítica saltan a la vista. De un lado, las dudas sobre la voluntad de paz de la guerrilla crecen en la opinión pública por hechos que van desde el ataque subversivo hace cuatro semanas que dejó 19 militares asesinados en Arauca y Caquetá, hasta las insistentes acusaciones de que los subversivos están infiltrados en los paros campesinos y regionales, como el del Catatumbo y el campesino que inició el lunes pasado. Ambos hechos, unido a unas encuestas cada vez más críticas con el proceso, obligaron al Gobierno, presionado también por las acusaciones de debilidad que le lanzó el uribismo y otros sectores, a subir el tono contra la guerrilla, advirtiéndole no sólo que se reforzaría la ofensiva militar en su contra sino amenazando, incluso, al máximo jefe de las Farc, alias Timochenko, de abatirlo si era localizado por las tropas. Dicha afirmación, por obvias razones, no cayó nada bien entre los negociadores subversivos y menos en el propio comandante subversivo, que rechazó lo dicho por el Presidente y dijo que su amenaza en nada contribuía a impulsar el proceso en La Habana.
En segundo lugar, cada día es más claro que los jefes subversivos no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel por los delitos cometidos. Es más, sólo a regañadientes los voceros de las Farc aceptaron esta semana que ese grupo ha sido victimario y deberá reparar a quienes afectó a lo largo de décadas de guerra y dolor. No hay que olvidar que esa facción subversiva venía en la línea de que “era víctima” del conflicto armado, político y social.
A lo anterior se suma que el nivel de las exigencias y propuestas de las Farc en la Mesa de Negociación, ahora que se discute el segundo punto sobre garantías de participación política a la oposición, raya en lo insólito y delirante, pues prácticamente quieren una reforma a todo el sistema político y electoral que los beneficie en forma sustancial. Y eso que ya abandonaron, tras las negativas del Ejecutivo, la propuesta de convocar una constituyente. Sin embargo, aún se mantienen en la a todas luces inaceptable tesis de que al final del proceso no necesariamente entregarían las armas.
Tampoco contribuye a sustentar la tesis presidencial de que el proceso “avanza”, el hecho de que la ley estatutaria que estableció el Marco Legal para la Paz esté peligrando en la revisión previa que le está realizando la Corte Constitucional.
Como se sabe, pese a las dudas de un bloque de magistrados sobre la constitucionalidad de los amplios márgenes de favorabilidad penal que la norma contempla, ya se estaba abriendo la posibilidad de que los juristas le dieron un espaldarazo a gran parte del articulado, pues, según trascendió, ese alto tribunal no quería ser señalado como la instancia que tumbó la normatividad que, se supone, es la base jurídica para aterrizar todo el proceso de paz con las Farc, sobre todo en lo relativo a las gabelas penales y penitenciarias a los cabecillas y el pie de fuerza subversivo, así como la puerta de entrada para viabilizar el ingreso de sus líderes a la política.
Incluso ese optimismo en el Ejecutivo se mantuvo tras la audiencia pública en la Corte, en donde Gobierno y Fiscalía defendieron el Marco y ratificaron que se ajustaba a los criterios de la justicia transicional, mientras Procurador, uribismo y ONG advirtieron que era una puerta a la impunidad a los delitos de lesa humanidad cometidos por los cabecillas subversivos y violaba flagrantemente los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
Sin embargo, dos sendas cartas de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sembraron dudas entre los magistrados sobre las implicaciones de avalar el Marco Legal para la Paz. En uno de los apartes indica que “… la decisión de suspender la pena de prisión sugeriría que el proceso judicial promovido tiene el propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal”. También indicó que “… la suspensión de penas iría en contra de su finalidad y propósito del Estatuto de Roma, debido a que impediría en la práctica el castigo de quienes han cometido los crímenes más graves”.
De colofón en este punto, hay que señalar que las Farc también se han manifestado en contra del Marco para la Paz, aduciendo que no es viable como sustento jurídico del proceso, puesto que no fue consensuado con la guerrilla sino tramitado de manera unilateral por el Gobierno.
Y, por último, la afirmación de Santos en torno a que era posible que el proceso de paz con las Farc no terminara en noviembre, como se había planteado desde tiempo atrás, sino que se alargaría “uno o dos meses más”, no hizo más que darle municiones al uribismo que insiste en que el Presidente está utilizando la negociación con la guerrilla como la plataforma reeleccionista. No en vano el propio Santos ha dicho que se la “juega por la paz” y cataloga a los críticos del mismo, en clara alusión al uribismo, como “señores de la guerra” y enemigos de la pacificación.
Más allá de ese contrapunteo, lo cierto es que el Jefe de Estado tiene plazo hasta el 25 de noviembre para notificar a las autoridades electorales si buscará un segundo mandato. En ese orden de ideas, si se alargan las negociaciones en La Habana, la primera parte de la campaña presidencial se daría de forma paralela.
¿Entonces?
Como se ve, son pocos los sectores nacionales que comparten el optimismo del Gobierno sobre los “avances” en el proceso de paz, lo que en modo alguno significa que las mayorías estén a favor de romper las negociaciones y menos aún de optar por una solución militarista, aquella con la que se identifica al uribismo.
Lo que han demostrado las encuestas es que el país apoya la búsqueda de una salida negociada al conflicto pero no creen que las Farc tengan la voluntad real de avanzar en ese camino, a menos que se les concedan tal cantidad de gabelas penales, penitenciarias y políticas que les haga difícil no aceptar un acuerdo lleno de beneficios que rayen en la impunidad y la puerta abierta para participar en política.
Es más, si algo quedó claro el viernes pasado es que ni la propia guerrilla sabía que el Jefe de Estado iba a presentar el proyecto de referendo. Por lo mismo, las Farc pidieron un tiempo para analizar sus implicaciones, y el Gobierno, aunque advirtió que la subversión no “decretaba” los tiempos del proceso, no puso el grito en el cielo, más aún después de conocerse que los negociadores subversivos volverán mañana a la Mesa.
Desde ese punto de vista, el anuncio de Santos para que los negociadores del Gobierno regresaran de La Habana a Bogotá, más que oponerse a que las Farc tengan esa “pausa” para analizar el referendo por la paz, lo que buscó fue enviar una señal al país de que es el Ejecutivo el que pone las condiciones del proceso y no la insurgencia.
“La refrendación y las garantías para la implementación de un eventual acuerdo de fin del conflicto son parte de la discusión del punto 6 de la Agenda del Acuerdo General de La Habana. Esa discusión aún no ha comenzado en la Mesa”, dijo, a su turno, el ex vicepresidente Humberto de la Calle en su comunicado del viernes, el mismo en que agregó que “el proyecto de ley presentado no convoca un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido. La eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en La Habana”. Y todo ello para terminar precisando, en tono más bien amable, que “el Gobierno continúa en la Mesa de Diálogo. El diálogo no se ha roto. Se espera que el tiempo que dediquen las Farc al estudio del proyecto de ley sea breve para retomar pronto las conversaciones”.
Móviles profundos
Hasta el momento quedan claras dos premisas. La primera, que el optimismo del Gobierno sobre los “avances” del proceso en La Habana no lo comparte el resto del país. Y dos, que ni las propias Farc sabían que Santos estaba preparando una movida en esa dirección.
En ese orden de ideas, las preguntas son más que obvias: ¿Qué motivó la idea de presentar el proyecto de ley estatutaria que abre la vía para que el referendo por la paz se pueda votar el mismo día de los comicios parlamentarios o presidenciales? ¿Por qué dicho referendo no podría votarse el sábado antes a los comicios parlamentarios en marzo o el sábado antes de la primera vuelta presidencial en mayo?
Las respuestas a esos dos interrogantes son muy variadas, dependiendo de la óptica desde la que se aborde el análisis.
Por ejemplo, si se trata de buscar los caminos para que en el referendo participe la mayor cantidad de ciudadanos, es claro que tiene lógica que se vote el domingo y no el sábado. Ya en octubre de 2003 un referendo prácticamente fracasó, pues se votó un sábado, un día antes de los comicios de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Como se recuerda, de las 11 preguntas que el referendo impulsado por el gobierno Uribe puso a consideración de los votantes, sólo una logró alcanzar el umbral electoral requerido para ser válida.
Sin embargo, para la mayoría de los analistas la intención del Ejecutivo va más allá del aspecto meramente de mecánica electoral y entra en el campo político. Es claro que el uribismo se ha convertido en el principal foco de oposición al Gobierno y también que su principal bandera proselitista es la crítica al proceso de paz y al presunto debilitamiento de la Política de Seguridad Democrática.
Siendo seguro que el expresidente Uribe encabezará la lista al Senado de su movimiento Centro Democrático y que también busca que el día de los comicios parlamentarios se lleve a cabo la consulta interna para elegir al candidato presidencial de esa facción, es claro que Santos no quiere dejarle ese día el escenario abierto al exmandatario.
¿Cómo? Sencillo, si se diera un acuerdo con las Farc en diciembre y el referendo por la paz se pudiera votar en marzo, es claro que al llegar a las urnas el ciudadano se encontraría con dos bloques claramente diferenciados: el que apoya la salida negociada al conflicto y los que se oponen a darle gabelas a la guerrilla a cambio del desarme y la reinserción en política.
La idea, entonces, es forzar a una votación en bloque. Es decir, que se vote por un candidato al Senado santista (de alguno de los cinco partidos de la Unidad Nacional), un aspirante a la Cámara santista y el referendo por la paz santista. Y quienes se ubiquen en la otra orilla, que respalden a candidatos uribistas, del Polo o independientes, al tiempo que voten por el “No” a la refrendación popular del acuerdo de paz con las Farc.
Igual ocurriría si la votación del referendo se diera -como parece más probable- en mayo, el mismo día de las elecciones presidenciales. Se enfrentarían allí un Presidente-candidato como Santos que se juega todo por el proceso de paz, y un aspirante uribista crítico del mismo.
En otras palabras, lo que hace esta propuesta de viabilizar un referendo por la paz es hacer del proceso con las Farc la principal bandera de la causa reeleccionista y poner al uribismo en la otra orilla.
No es fácil
Ahora, es claro que abrirle el paso al referendo no será nada fácil. De un lado, el proyecto radicado el jueves pasado es apenas una ley para eliminar la prohibición de que se puede votar este mecanismo de participación popular el mismo día de elecciones parlamentarias o presidenciales. Incluso si esa iniciativa es aprobada a contrarreloj por las mayorías de la Unidad Nacional en el Congreso, sería una ley estatutaria, que debe ir primero a revisión previa de la Corte Constitucional.
Y en lo que se refiere ya al texto-temario en sí del referendo, éste no se puede confeccionar si antes no hay un acuerdo con las Farc, firmado y protocolizado. Ello no se daría este año, pues el propio Santos admitió semanas atrás que noviembre ya no era el mes límite para La Habana y que el proceso podría ir hasta diciembre o enero.
Y, como si fuera poco, el referendo tiene un proceso bastante complicado. Primero deben ser redactadas las preguntas, lo que no será fácil dada las implicaciones del proceso de paz. Luego debe ir al Congreso para ser debatido por Senado y Cámara, en donde debe aprobarse o negarse, sin modificar el texto del cuestionario. Esto tendría que darse en enero o febrero, lo que implica que debe citarse a sesiones extras al Parlamento.
Ahora, ese proceso legislativo por más rápido que se dé, tardaría como mínimo dos meses. Y de allí tendría que ir a revisión de la Corte Constitucional, que se tardaría su tiempo para hacer el examen de exequibilidad.
Como se ve, es muy improbable que se pueda citar a votar el referendo el día de los comicios parlamentarios y la opción más válida, claro en caso de que todas las piezas del engranaje procesal funcionen, sería en la primera o segunda vuelta presidencial, es decir mayo o junio de 2014.
Por ahora, como se ve, hay que esperar, no sólo a ver qué pasa en La Habana, sino cuáles serán las movidas de la oposición para hacer frente a una estrategia referendaria del Gobierno que no dudan en calificar como “trampa política” y “cortina de humo”.