Ante un fallo de tutela que le permite a un individuo sindicado de abusar sexualmente de una menor de 14 años acceder a beneficios por estudio y trabajo para la reducción de su pena, la senadora Gilma Jiménez ratificó que este año insistirá nuevamente en el proyecto de referendo para consultar al pueblo sobre castigar o no con cadena perpetua a los asesinos y abusadores de niños.

Esta iniciativa fue hundida en septiembre del año pasado por la Comisión Primera de la Cámara, luego de que había superador con lo mínimo sus dos debates en la Comisión Primera y la Plenaria del Senado.
La Parlamentaria del Partido Verde justificó su insistencia en este proyecto “porque es una sociedad de dos millones de personas que reclama que actuemos frente a estos hechos”.
La Juez Penal 55 de Descongestión de Bogotá le ordenó al Inpec facilitar que el sindicado ingrese a los programas de reducción de penas de la forma en que lo haría cualquier condenado. Esto a pesar de que la Ley de Infancia y Adolescencia no permite que los condenados accedan a estos beneficios.
Frente a esta decisión judicial, la senadora Jiménez dijo que “llama mucho la atención que el apoderado del sindicado Diego Steven García, quien se encuentra detenido no por un delito, sino por dos, actos sexuales abusivos y acceso carnal abusivo contra menor de 14 años, se anticipe de una forma tan extraña; él está sindicado, no condenado, pero pareciera que está convencido de que lo van a condenar. El mismo abogado del sindicado se anticipa e interpone una acción de tutela que, inferimos, porque no conocemos el fallo de la tutela, que habla del derecho al trato digno y al trabajo; por supuesto que todos los presos tienen derecho a trabajar, es más deberían tener la obligación de hacerlo para ayudarse en su manutención”.
Sin embargo si Jiménez vuelve a presentar este proyecto contará desde ya con la oposición de parlamentarios como Armando Benedetti, quien el año anterior fijó su posición al señalar que “la solución no está en el Código Penal. De nada sirve exagerar las penas si no tenemos una política de educación dentro del Estado que reconozca que este país se degeneró”.