El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, en el poder desde 2007, consideró innecesaria la convocatoria de una consulta popular sobre la reelección indefinida que impulsa el oficialismo, y que podría abrir las puertas a su continuidad en el poder después de 2017.

Correa, que todavía no define si buscará un nuevo mandato, argumentó que el tema no debe ir a consulta, como plantean varias fuerzas de oposición, porque "es una simple enmienda constitucional" y no una reforma del Estado.

"No se necesita consulta popular para aquello porque no es reforma a la estructura del Estado (...), la reelección o disminuir la edad para ser presidente o vicepresidente no es en absoluto una reforma del Estado", dijo Correa durante una entrevista en la provincia de El Oro (sur).

El oficialismo, que controla el Congreso unicameral, planteó a finales de junio 17 enmiendas constitucionales, entre ellas la que permitiría el establecimiento de la reelección indefinida para todos los cargos de voto popular.

Las propuestas están siendo examinadas por la Corte Constitucional, que deberá definir en las próximas semanas el procedimiento para su aprobación, ya sea a través del Parlamento o de una consulta popular.

La Carta Política vigente permite la reelección por una sola vez, consecutiva o no, para todos los funcionarios escogidos en las urnas.

Correa, entretanto, desafió a sus opositores a reunir las firmas necesarias para el llamado a una consulta popular, y dijo que si logran sacar adelante ese plan aprovechará para someter a consideración varios temas.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de llevar a las urnas el acuerdo comercial suscrito recientemente con la Unión Europea (UE), y que libera el intercambio comercial entre las partes bajo condiciones y plazos.

El líder izquierdista, que gobierna con niveles récord de popularidad, dijo que la propuesta de reelección indefinida busca ampliar las opciones del oficialismo después de 2017, cuando termina el actual mandato presidencial.

"En lo personal quisiera retirarme en 2017 y mi candidatura sería el último recurso. Pero también entendemos perfectamente la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros; impedir que vuelva el pasado de desastre", sostuvo.

Otras de las enmiendas planteadas buscan reducir de 35 a 30 años la edad mínima para ser presidente, declarar como "servicio público" a la comunicación y facultar a las Fuerzas Armadas para que se involucren en tareas de seguridad interna.