Obviamente es muy difícil esperar objetividad en esos cortes de cuentas, pues las administraciones salientes buscan dimensionar lo más posible sus pocas o muchas ejecutorias, al tiempo que los sectores de oposición se dedican a recalcar las falencias y promesas incumplidas. 

Y la cuestión es más parcializada y subjetiva si a ese tira y afloje le agregamos el candente ambiente electoral, en el que los aspirantes que provienen de los mismos partidos o alianzas que eligieron a los mandatarios departamentales y municipales salientes, obviamente cifran sus discursos en las ventajas del continuismo de las gestiones, mientras que aquellos que buscan desplazar a las facciones en el poder, hablan de apostar por el cambio, timonazos en el manejo de lo público y pensar en nuevas alternativas políticas.

En medio de un escenario tan gaseoso y parcializado, señalar a los gobernadores y alcaldes que hicieron mejor las cosas y a aquellos cuya calificación es mala o, al menos, no la mejor, resulta, igualmente que la óptica de los balances, con demasiada carga de subjetividad.

Por ejemplo, los resultados de las encuestas sobre favorabilidad de los gobernadores y alcaldes siempre generan polémica entre quienes aparecen de la media tabla hacia abajo. No en pocas ocasiones alegan esas administraciones ‘rajadas’ que los sondeos no reflejan los “apoyos mayoritarios” que los respectivos mandatarios “palpan en el día a día” del contacto con sus gobernados, se critica la metodología de consulta y hasta se habla de direccionamientos políticos para favorecer o afectar determinados intereses partidistas o económicos.

Es más, muchos gobernadores y alcaldes consideran que sus calificaciones serían mejores sino fuera por el grave impacto que tuvo la ola invernal de finales del año pasado y comienzos del actual, pues su nivel de afectación, número de damnificados y daños causados sobrepasó de largo el margen de acción de departamentos y municipios, y se llevó por delante el cronograma de cierre de muchas administraciones, que tuvieron que aplazar obras, programas y proyectos, para destinar esfuerzos y recursos a hacer frente a la emergencia. 

También se ha escuchado a mandatarios seccionales y de capitales departamentales indicando que la racha nacional de escándalos de corrupción que se han destapado creó un ambiente negativo en la percepción pública, que aplicando un rasero de generalización considera que todas las administraciones regionales y locales hurtan recursos, hacen trampa en la contratación y desgreñan todo el erario. Obviamente esta tesis queda sin mayor piso cuando se revisan las estadísticas de gobernaciones, alcaldes y funcionarios de esas dependencias destituidos, presos o investigados por múltiples anomalías y delitos.

Y no faltan los mandatarios que replican que sus malos índices de favorabilidad y aprobación de gestión se deben a que es muy distinto estar al frente de departamentos y municipios con solvencia económica, a tener que hacer frente a administraciones quebradas o con recursos limitados. También alegan que ellos gobiernan técnicamente y otros a punta de populismo presupuestal. Y hasta le echan la culpa de sus malas calificaciones a asuntos que, como el orden público y la seguridad, no son de su órbita directa, sino de la Fuerza Pública.

Mediciones

Aún así, con base en esos sondeos a lo largo del cuatrienio, los analistas consideran que, en general, las gestiones de los mandatarios de Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Atlántico, Cundinamarca, Nariño y Putumayo, entre otros, parecen ser las mejor ponderadas por sus respectivos gobernados. Y tampoco constituye sorpresa que tras lo ocurrido con sus gobernadores, que terminaron suspendidos o destituidos, las peores percepciones se sitúen en departamentos como Casanare, Magdalena o el mismo Valle.

En lo que hace a las Alcaldías, sería ingenuo negar que el de Barranquilla Alejandro Char logró tener niveles de favorabilidad muy altos. También alcanzaron puestos altos en algunos estudios de opinión los mandatarios de Montería, Medellín, Ibagué, Cali y Cartagena.

Es obvio, también, que aquellas ciudades en donde hubo escándalos y crisis administrativas, como en Bogotá, la calificación del alcalde haya sido muy negativa. 

¿Entonces?

Al tenor de lo dicho, basarse estrictamente en las encuestas y sondeos de opinión para señalar a los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales que hicieron las mejores gestiones, no lo ideal.

Incluso, porque muchos mandatarios registraron picos altos y bajos en el cuatrienio, salvo los de Antioquia y Barranquilla, que siempre estuvieron arriba.

Tampoco se puede considerar que lo hecho por las cabezas de departamentos y capitales se confirma como positivo, si aquellos aspirantes que se proyectan como los ‘candidatos de la administración’ ganan en las urnas. Ello bien podría significar un espaldarazo al continuismo gubernamental, pero también que hubo clientelismo y presupuesto oficial puesto a favor del ‘sucesor’ por el mandatario saliente.

En ese orden de ideas, la única herramienta que podría claramente señalar cuáles gestiones de gobernadores y alcaldes de capitales fueron aceptables o buenas, sería la posibilidad de la reelección en departamentos y municipios. Es lógico que por más que un mandatario maniobre política, burocrática y presupuestalmente para quedarse en el cargo, si está muy caído ante el electorado, difícilmente repetirá.

Sin embargo, esta figura ha sido tramitada en el Congreso casi una decena de veces (sobre todo después de 2004, cuando se aprobó la reelección presidencial consecutiva) pero siempre termina hundiéndose.

Mientras el gobierno Uribe impulsó abiertamente la posibilidad de la reelección regional y local, en la administración Santos poco se ha hablado de ello. Incluso se rumora que al actual Jefe de Estado no le ‘suena’ para nada esa idea. 

Como se ve, mientras no sea la misma ciudadanía la que castigue o premie en las urnas las gestiones de mandatarios en el ejercicio, todos los análisis y encuestas sobre buenas o malas actuaciones, seguirán siendo muy subjetivas y parcializadas.