• Más allá de la suspensión de negociaciones
• Supremacía institucional versus terrorismo

Tras cuatro años de tratativas, entre diligencias secretas y luego en la fase pública, es claro que el proceso de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla del Eln siempre ha estado en una zona muy gaseosa que hace imposible vislumbrar si los diálogos y negociaciones pueden llegar a buen puerto. Todo lo contrario, este proceso se ha desarrollado en medio de fuertes contradicciones y bloqueos constantes, sobre todo por la intransigencia de la facción armada ilegal para adquirir compromisos mínimos como la suspensión de los atentados terroristas o la liberación de los secuestrados. Sólo en el segundo semestre de 2017, tras varios meses de improductividad de la mesa de negociaciones que se instaló en febrero, en Quito, mucho tiempo después de que en marzo de 2016 se hubiera anunciado la agenda a discutir, se pudo avanzar algo en esa dirección cuando se pactó un cese el fuego bilateral y temporal que terminó el 9 de enero pasado, dando paso, apenas minutos después de vencido ese plazo, a una cruenta escalada de ataques contra la Fuerza Pública, la sociedad civil y la infraestructura, que tuvo su caso más grave en los atentados del fin de semana en Barranquilla, que dejaron cinco uniformados asesinados y decenas de heridos.

Ayer, tanto por el grupo guerrillero como el propio Ejecutivo se confirmó que el ataque terrorista en la capital del Atlántico fue perpetrado por una célula urbana asociada al Eln, razón por la cual el Jefe de Estado se vio forzado a suspender, de nuevo, la instalación del quinto ciclo de negociaciones que debía empezar el pasado 12 de enero, con la tarea prioritaria de pactar una prórroga de la tregua, que si bien tuvo violaciones muy puntuales en sus tres meses largos de vigencia, es claro que disminuyó las hostilidades subversivas contra las Fuerzas Militares, la población civil y la infraestructura vial y minero-energética.

Apenas unas horas antes de que el Gobierno condicionara la reanudación de las negociaciones a que hubiera “coherencia” entre las “acciones” militares del Eln en Colombia y sus “palabras” de paz en Quito, la cúpula de esa organización ilegal había advertido que las hostilidades y los ataques terroristas seguirán sucediéndose hasta que se pacte un nuevo cese el fuego. Es más, para certificar su condición, hicieron un recuento de los duros golpes que esa facción ilegal ha sufrido a manos de la Fuerza Pública en los últimos veinte días, con varios cabecillas abatidos o capturados.

Visto todo lo anterior, es claro que a la Casa de Nariño, que cada vez tiene menor margen de gobernabilidad, no le quedaba opción distinta a congelar la negociación con el Eln, que al tenor de las encuestas genera los más altos índices de desconfianza en la opinión pública. Haberse mantenido en la Mesa tras lo ocurrido en las últimas tres semanas era ya de por sí insostenible, más aún cuando desde todos los sectores del país se advierte que en Quito no se pueden cometer los mismos errores garrafales en que se incurrió en las tratativas de La Habana, en donde las gabelas políticas, jurídicas y económicas dadas a las Farc fueron tan excesivas que, paradójicamente, hoy son la principal causa de las trabas en el accidentado proceso de implementación del pacto, el mismo que en su momento fue descalificado en las urnas, dictamen popular que luego fue desconocido a través de maniobras artificiosas del Gobierno y el Congreso.

¿Qué hacer ahora? Las opciones, las reales, no son muchas. Hay que redoblar la ofensiva de la Fuerza Pública contra esa guerrilla. Los golpes dados en las últimas tres semanas a esa organización alzada en armas deben multiplicarse de manera contundente y sin tregua. Es claro que la ausencia de capturas o abatimientos de los cabecillas más importantes, por estar la mayoría en el exterior, algunos incluso con la aquiescencia del gobierno colombiano (como la cúpula ‘elena’ refugiada en Venezuela), es un obstáculo en esa misión prioritaria. No se puede negar que golpear al ‘secretariado’ de las Farc fue pieza fundamental para forzarlas a negociar, otra cosa es que luego, en la mesa, esa ventaja militar del Estado no se hubiera hecho valer y la facción subversiva pudo convertir así una derrota en una ganancia política.

Claro es que urgente renegociar un cese el fuego con el Eln, con mejor verificación y reglas del juego más efectivas. Y claro que toda vida que se logre salvar es invaluable. Precisamente eso es lo que diferencia al estado de derecho de la barbarie. Pero en el entretanto la prioridad es redoblar la ofensiva militar contra esa facción. La supremacía institucional no se puede doblegar ante el terrorismo. Ese es el principal inamovible, innegociable por demás.