REDISEÑARla política de atención integral a las víctimas del conflicto armado, le pidió al Gobierno nacional el contralor Edgardo Maya.

El objetivo es, explicó, que la asignación de recursos financieros corresponda a la realidad actual, se logre mayor agilidad en la implementación de los planes y programas creados para su beneficio y se superen los problemas de coordinación interinstitucional que se han evidenciado en temas de asistencia, atención y reparación.

El contralor Maya precisó que, con base en la información reunida por la entidad, se puede concluir que “si bien el Gobierno nacional está avanzando en la implementación de planes, programas y proyectos para garantizar la asistencia, la atención y la reparación integral a las víctimas del conflicto armado, todavía es muy prematuro levantar el Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, máxime cuando todavía nos encontramos en medio del conflicto armado”.

“Nuestro objetivo es colaborar en hacer más eficiente la labor del Gobierno, de forma que se puedan cumplir los objetivos trazados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lo cual implica señalar dónde se deben corregir los errores y dónde se debe mejorar en la implementación de sus disposiciones”, afirmó Maya en una entrevista concedida al programa institucional de la Contraloría “Colombia Tiene Control”, cuya primera emisión se transmitió ayer por Señal Institucional.

El contralor consideró necesario crear nuevos planes, programas y proyectos especiales para las víctimas del conflicto armado, dado que la estrategia del Gobierno nacional de redireccionar hacia las víctimas una parte de la oferta social ya existente, como los programas de lucha contra la pobreza, está invisibilizando las necesidades particulares de esta población.

“Es importante, por ejemplo, avanzar de manera más decidida en lo concerniente a la verdad, la justicia y la reparación, que son los objetivos fundamentales de la ley y una necesidad sentida y reivindicada por las víctimas”, enfatizó.

Un punto sobre el que Maya llamó la atención es el rediseño de la política de restitución de tierras: “El principal problema que enfrenta esta política es la seguridad, puesto que el país todavía se encuentra en medio del conflicto armado, lo que hace imposible la restitución en buena parte del territorio nacional”.

Consideró al respecto que una alternativa para lograr agilidad es implementar mecanismos administrativos de restitución en aquellos casos donde sea posible, por ejemplo donde no haya oposición, aspecto sobre el que se ha discutido mucho pero que no ha logrado implementarse.

Ritmo insuficiente

La Encuesta Nacional de Víctimas adelantada por la Contraloría estima el despojo y el abandono forzado de tierras en Colombia en más de 7 millones de hectáreas, dato que para el contralor es fundamental si se contrasta con el avance en la política de restitución de tierras.

“Según el informe de gestión de la Unidad de Restitución de Tierras, a diciembre de 2014 se habían restituido aproximadamente 86.000 hectáreas. A este ritmo será difícil alcanzar las metas trazadas, pues el problema radica en que estamos en el cuarto año de una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, en el marco de la justicia transicional, tiene un período de vigencia hasta 2021”, advirtió.

El contralor Maya se mostró partidario también de fortalecer los mecanismos de extinción de dominio.

“La principal fuente de recursos del fondo de reparación, cuyo objetivo es cubrir el valor de las indemnizaciones a las víctimas, deben ser los recursos obtenidos de parte de los victimarios y, en este sentido, la Fiscalía General de la Nación debe jugar un rol más importante”, dijo.

Para el contralor, es prioritario actualizar el plan financiero que acompaña la Ley 1448 de 2011, ya que “dada la información de que dispone el país actualmente, es evidente que los universos que definieron las metas y los recursos a asignar para la Ley de Victimas y Restitución de Tierras están completamente rebasados”.

“Se necesita una actualización del documento Conpes 3712 de 2011 y una reasignación de recursos financieros, con miras a garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia”, subrayó.

Las evaluaciones adelantadas por la Contraloría y los resultados de la Encuesta Nacional de Víctimas indican varias cosas, alertó el contralor. Una de ellas es que "la situación socioeconómica de las víctimas del conflicto armado en Colombia sigue siendo extremadamente precaria y sus derechos siguen siendo vulnerados: aproximadamente el 80% se encuentra en condición de pobreza, y el 35,5% en condición de indigencia”.