A LOSdepartamentos la Nación no les gira recursos suficientes para atender la alimentación escolar y la atención a primera infancia, le manifestó a EL NUEVO SIGLO el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta.

El exministro se refirió al tema, a propósito de los debates que adelanta la Comisión Séptima del Senado, con asistencia de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, acerca de la desatención a la primera infancia a nivel nacional.

Acosta manifestó que ese es un tema recurrente sobre todo en los departamentos productores de hidrocarburos y de la minería que cubrían esa obligación con regalías y por eso los programas quedaron desfinanciados.

Expresó que por ejemplo el tema de los comedores escolares es un tema que se le ha ido descargando en cabeza de los departamentos al igual que ha ocurrido con el régimen subsidiado de salud, en lo que hace relación a la atención No POS que también se dejó en cabeza de los departamentos: “Nos descargan la funciones, pero no llegan los recursos para asumirlas”.

Indicó que se está en mora de que se dé un ajuste desde el punto de vista funcional para que exista una correspondencia entre las funciones que se le están delegando a las entidades territoriales, con que estos deben contar.

Entre tanto, la representante por Bogotá, Esperanza Pinzón, del Centro Democrático, dijo que  las estadísticas en  salud son un indicador que preocupan sobre la condición de esta población.

“Lo más preocupante es que a pesar de estas cifras  la cobertura del ICBF en Bogotá es  mínima frente a las necesidades que se presentan, pues de  447.443 niños y niñas que requieren de sus servicios solo atienden el 13,71 por ciento. Esto lo confirmó el Informe Infancia Cómo Vamos donde señalo que Bogotá, es la ciudad que menos cobertura de programas del ICBF tiene, ocupando el último lugar en Colombia”, dijo la congresista.

Adicionalmente, la representante Pinzón señaló que en el país no existen  sistemas de información confiables sobre las condiciones de vida de la primera infancia, que sirva como referente para las políticas nacionales y territoriales.

Entre tanto el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Antonio Correa, de Opción Ciudadana, dijo que “las licitaciones fueron dirigidas por las gobernaciones, por los ente territoriales departamentales”, anotando que esa claridad era importantes hacerla porque la alimentación escolar está a cargo de los departamentos y del ministerio de Educación.

Tras señalar que en el caso del departamento del Córdoba resulta atractivo para los inescrupulosos la cantidad de dinero en los contratos, agregó que el debate tiene como finalidad que se ponga en orden el tema porque los niños con hambre no podrá haber la paz.

“El departamento de Sucre. No es que no haya dinero. Siempre ha habido la plata para alimentar a los niños. 13.000 millones de pesos. Los recursos siempre ha estado”, alegó, expresando que el problema no es que el Gobierno central no esté entregando el dinero: “El problema es que cuando fuimos a revisar la contratación, la ley es clara en que hay que darle participación a las asociaciones de padre familia y las etnias”.

Para Correa, se fue generando un monopolio, en que los únicos que podían manejar el tema de la alimentación escolar eran los que tenían el botín. “Hoy el país no sabe que las administraciones departamentales son las que están manejando la plata de la alimentación escolar y eso hay que decirlo que se empeoró, porque lo que se había avanzado se fue en detrimento, y por eso hoy se ve lo que está pasando en La Guajira y en otros departamentos”, manifestó el senador Correa.

La Defensoría del Pueblo informó en la Comisión que lo que ha encontrado es una falta de voluntad política por parte de los departamentos del Chocó, Atlántico y La Guajira, y que una de las cosas que se han encontrado es que algunos gobernadores prefieren en invertir en otros temas que en la primera infancia y en especial la alimentación escolar.