En relación con las medidas cautelares aplicadas a la EPS Coomeva, la Contraloría General de la República reitera que sus actuaciones en este caso, buscan que los recursos de la salud se destinen para la prestación de este servicio y no se desvíen a otras finalidades.

Por lo tanto si ha ocurrido un daño fiscal, se persiguen los recursos propios para repararlos y así devolver los dineros al sistema, para que se respeten y se garanticen efectivamente  los derechos humanos como son los derechos a la vida y a la salud de los colombianos.

Las actuaciones de la Contraloría no han sido ni serán un obstáculo para que todos los colombianos tengan derecho a que los atiendan oportuna y adecuadamente, de tal manera que superen su estado de enfermedad y no se vean abocados a la muerte.

La apertura del proceso a la EPS Coomeva por $140 mil millones no actualizados obedece a la posible destinación indebida de la parafiscalidad fiscal, es decir de los dineros públicos para financiar gastos e inversiones que puedan estar por fuera del Sistema General de Seguridad Social que beneficia a todos los colombianos.

La Contraloría General de la República advierte que las medidas cautelares, como su nombre lo indica, son cautelares y tienen una regulación legal que tanto la Contraloría General como los bancos y destinatarios de la medida,  deben cumplir.