El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió hoy en que el Gobierno nacional es respetuoso, irrestrictamente, de las leyes y de la Constitución y que tiene la decisión firme y la obligación de acatar las sentencias de las Cortes, pero al mismo tiempo, y de acuerdo a las mismas normas de las altas instancias judiciales, hace uso de los recursos disponibles para solicitar la nulidad del fallo de inexequibilidad de la ley que reforma la Justicia Penal Militar.

La afirmación fue hecha luego de que el pasado miércoles el presidente Juan Manuel Santos anunció que radicó un recurso de nulidad contra ese fallo de la Corte Constitucional. “Esta decisión del Gobierno nacional, en cabeza del Presidente de la República, demuestra el respeto profundo por la decisiones y el apego irrestricto a la ley, a la normatividad y a la Constitución”, aseguró Pinzón a los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, señaló, la decisión presidencial es una evidencia más del respaldo, el aprecio y la convicción que tiene el Primer Mandatario a la hora de apoyar a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.

El ministro Pinzón explicó que el Gobierno solicitó la nulidad de la sentencia tras haber estudiado el anuncio de la Corte Constitucional y encontrar que existe una sólida base legal para hacerlo, ya que no se configuraron en momento alguno las dos razones esgrimidas por el alto tribunal en su comunicado de prensa para declarar inexequible el articulado.

“Por un lado –señaló el Ministro– se ha identificado que no hay forma de probar que existió ningún tipo de simultaneidad en los debates y por otra, porque se ha encontrado que se facilitó la posibilidad que todos los parlamentarios que intervinieran en el debate lo hicieran, incluso, muchos de ellos de la oposición de manera permanente y repetida”.

Con esto último, explicó Pinzón, se aclara de manera muy evidente que la calidad del debate en la Comisión y en la Plenaria fue amplia, democrática y que entre otras cosas, todos aquellos que quisieron participar de él, lo pudieron hacer.

En relación con la simultaneidad de los debates que arguye la Corte Constitucional, el Ministro de Defensa Nacional afirmó que las pruebas demuestran contundentemente que tal hecho no se presentó.

“Ahí están las actas, están las horas. No hay forma de decir que esto ocurrió, tanto así que puedo decir  que este fue uno de los debates que no solo más horas duró si no que está estrictamente y cuidadosamente analizado cómo no es cierto que existió esa simultaneidad en los debates entre la Comisión Primera de la Cámara y la Plenaria de esa corporación”, aseveró (ver gráfico anexo).

Igualmente, comentó el Ministro, con esa decisión hubo un cambio súbito de jurisprudencia, pues la Corte Constitucional –que tiene toda la posibilidad de hacerlo– cuando lo hace, lo anuncia y explica primero.

“Este cambio, que no es otra cosa que la modificación de las reglas de juego con las que típicamente se analiza el procedimiento de los debates, pues haría que muchas de las leyes o los actos legislativos que se han aprobado recientemente, si le hubiesen aplicado el mismo racero, también hubieran sido declarados inexequibles por la misma razón de forma”, argumentó Pinzón.

Agregó que la propia Corte Constitucional ha venido diciendo de tiempo atrás que el análisis de la calidad del debate no es un asunto que pueda ser sometido a juicios de control de este tipo, mientras se garantice un mínimo de “racionalidad deliberativa y decisoria”.

Igualmente, afirma el Ministro, por primera vez el alto tribunal interpreta que la apertura de una sesión implica el inicio formal de la misma, a pesar de que no haya quórum deliberativo.

“Este es un tema jurídico, complejo, que hay que dejarle a los expertos –puntualizó Pinzón–. Quiero ser prudente y dejar que la Corte, por supuesto, como dijo el Presidente de la República ayer, falle lo que tenga que fallar y claro que acataremos cualquier decisión que tome, pero me parece importante que este debate jurídico e importante para las instituciones, para el equilibrio de poderes y para las reglas de juego en el país, se dé de manera juiciosa, técnica y jurídica”.