La tristeza, dolor y la angustia sentida por María Rosado Peña* el día que, junto a sus seres queridos y vecinos, salió de su predio en Sabanas de San Ángel, Magdalena, por amenazas de paramilitares, se convirtieron en cosa del pasado. 

Ella dice que gracias a la decisión del juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, quien falló a su favor y decidió devolverle sus tierras, los malos recuerdos se esfumaron.

13 familias de Sabanas de San Ángel perdieron el miedo y se animaron a pedir ayuda. Con el apoyo de la Corporación Yira Castro, llegaron hasta la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y reclamaron lo que habían perdido: 569 hectáreas de tierra. 

“Estamos felices. Es algo que para nosotros tiene gran valor, porque es en nuestras tierras donde realmente podemos disfrutar de lo que somos y tenemos. Estamos agradecidos con la Unidad y con la Corporación Yira Castro. Realmente así logramos la paz”, recalco María.

La URT dio inicio al trabajo de formulación de proyectos productivos, con el propósito de lograr que los restituidos puedan tener sostenibilidad en sus predios. Rodrigo Torres, director de la URT en Magdalena y Atlántico, aseguró que “la Entidad ya inició un trabajo con esta comunidad y velará para que se dé cumplimiento a lo estipulado por el juez. Por esta razón, ya se avanza en el proceso para que estas personas tengan sus proyectos y se garantice que exista una reparación integral”.

La historia del abandono

María dice que en 1997 inició su pesadilla, cuando dos hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), llegaron hasta su predio para pedir a su padre que organizara una reunión, en la que estuvieran todos sus vecinos. Al día siguiente, durante el encuentro, a la mayoría se les pidió que abandonaran sus tierras o, de lo contrario, serían asesinados.

“Ese momento fue muy angustiante. En la reunión estaban como 200 personas de diferentes zonas de Sabana y Chibolo. Ellos indicaron que nos daban ocho días para irnos, porque de lo contrario nos iban asesinar. Fue entonces que decidimos marcharnos”, relató María.

Después del desplazamiento forzado, las tierras de estas 13 familias fueron tituladas a nombre de Augusto Castro, alias Tuto Castro, sindicado de pertenercer a un presunto ejército antirrestitución, y quien fue condenado por el Juzgado Segundo Penal Especializado en Descongestión, de Santa Marta, por concierto para delinquir agravado; expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; y apropiación de bienes protegidos.

* Nombres cambiados

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