Miércoles, 17 de Junio de 2015
Tras registrarse el ataque número 30 de las Farc con consecuencias directas para la población civil, desde el pasado 22 de mayo, cuando esa organización suspendió el cese unilateral al fuego, la Defensoría del Pueblo rechazó las últimas demostraciones de violencia de ese grupo armado ilegal y confió en que rectifique sus acciones frente a los colombianos.
La Defensoría considera insensato e injustificable realizar atentados como el perpetrado ayer en Barbacoas, Nariño, donde siete civiles resultaron heridos, algunos de gravedad, por el lanzamiento indiscriminado de dos artefactos explosivos, activados por integrantes del Frente 29 en inmediaciones a la estación de Policía de esa localidad. Más lamentable aún resulta que entre las personas más delicadas por esta acción violenta, se encuentra una niña de tan solo 12 años de edad, quien tuvo que ser remitida a un centro de atención especializada.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo estima inaceptables los cuestionamientos del jefe guerrillero conocido como ‘Timochenko’ a los medios de comunicación, y advierte que trasladar la responsabilidad histórica del conflicto a los periodistas (como sucedió el fin de semana contra Caracol Radio y la directora del Servicio Informativo de esa cadena radial, Diana Calderón) constituye una actitud que para nada legitima la voluntad expresada durante las conversaciones de La Habana.
Para la Defensoría, que desde el pasado 9 de junio había solicitado la intervención de los países garantes a fin de reclamar a las Farc un mayor compromiso con el respeto al Derecho Internacional Humanitario, es oportuno el llamado que al respecto formuló el Gobierno de Noruega, pero al mismo tiempo lamenta que con los hechos la guerrilla desconozca esa petición y le siga dando la espalda a las comunidades, que lo único que quieren es vivir en armonía y tranquilidad.
La Entidad confía en que los anuncios del grupo guerrillero respecto a la posible desvinculación de los menores de 15 años que hacen parte de sus estructuras se convierta en realidad, pues cabe recordar que a mediados de febrero las Farc se había comprometido a no reclutar menores de 17 años, y para sólo mencionar un episodio denunciado por los cabildos indígenas, el 24 de mayo se produjo el reclutamiento forzado de dos estudiantes de 16 años en Jambaló, Cauca. Además, la Defensoría insiste en que la legislación nacional e internacional impone la exclusión de los menores de 18 años, como también lo plantea en su informe “Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz”.
Por otro lado, a través de la Regional Ocaña, la Defensoría del Pueblo desplazará una comisión humanitaria para verificar la situación de 30 familias que resultaron desplazadas por el atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en zona rural de Teorama, Norte de Santander, donde después de la explosión de la tubería, que contaminó la quebrada La Cristalina, se produjo un incendio que alcanzó al corregimiento El Aserrío, donde habitan estas personas. La autoría del ataque aún no ha sido precisada por las autoridades.