Está claro desde hace mucho tiempo que el Gobierno no tiene contemplado ningún tipo de tratamiento político a los miembros de las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico”, más conocidas como Bacrim. También está claro que en la Mesa de Negociación de La Habana, uno de los subpuntos del punto “3” tiene que ver con el llamado “desmonte del paramilitarismo”, en donde la guerrilla insiste en el tema del combate más decidido a las Bacrim. E igualmente está claro que el presidente Santos, los ministros de Defensa y Justicia, así como la cúpula militar y policial han multiplicado en los últimos meses las reuniones de seguimiento a la estrategia de lucha contra estas bandas, a las que incluso ya se puede bombardear, según una reciente directriz de la Fiscalía.

‘Sometimiento especial’

Sin embargo, en círculos políticos y judiciales se afirma, en voz baja, que se estudian algunas propuestas para ofrecer una salida “excepcional” de sometimiento a la justicia para las Bacrim, que no implicaría reconocimiento alguno de estatus político, pero que sí facilitaría que muchos de sus integrantes, que hoy saben que ya están en el radar de las autoridades, puedan entregarse y solucionar su situación judicial, haciendo uso “más eficaz” de los beneficios penales y penitenciarios ya vigentes. No es la primera vez que se le propone al Gobierno que abra alguna ventana para que las Bacrim, sobre todo las que tienen una relación más directa con grupos paramilitares no desmovilizados, puedan contemplar alguna vía de acceso a beneficios, aunque sean limitados, condicionados, eso sí, a que las entregas sean colectivas. El móvil de esta nueva propuesta no sería otro distinto a evitar que las Bacrim se conviertan en un factor de presión y riesgo para una guerrilla desmovilizada y desarmada.

La Fiscalía

El año pasado este tema empezó a moverse incluso por cuenta del propio fiscal general Eduardo Montealegre,  quien llegó a confirmar que abogados de presuntos cabecillas de las Bacrim habían buscado contactos con el ente acusador para indagar posibles fórmulas de sometimiento a la justicia. Es más, hasta se alcanzó a hablar de la posibilidad de llevar al Congreso un proyecto de ley con ese fin, teniendo en la mira la posibilidad de que se sometieran a la justicia más de mil presuntos integrantes de bandas como las del “clan Usuga”, los “urabeños”, “rastrojos”, rezagos del antiguo “Erpac” y otras facciones exparamilitares muy involucradas en narcotráfico, contrabando, oficinas de ‘cobro’ y redes de testaferrato.

La JEP, alternativa

Lo cierto es que el tema perdió impulso el año pasado y la reforma al Código de Procedimiento Penal no se concretó en los términos inicialmente buscados para el tema de las Bacrim. Incluso algunos abogados de presuntos cabecillas de estas bandas indicaron, en su momento, que si bien no estaban buscando que se les reconociera como “actores del conflicto” o que pudieran acogerse a los mecanismos de justicia transicional, las ofertas para sometimiento a la justicia no eran lo suficientemente “atractivas” pues no iban más allá de los beneficios a que cualquier sindicado puede acceder hoy por hoy si se entrega, allana a los cargos imputados, delata cómplices, entrega bienes mal habidos y luego busca rebajas de penas por tiempo cumplido, buen comportamiento y estudio. Tras conocerse las bases del acuerdo judicial entre el Gobierno y las Farc, al que podrán someterse personas que tengan relación “directa o indirecta” con el conflicto armado, los abogados de las Bacrim empezaron a interesarse más por esa alternativa.