El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, que pasó gran parte de los últimos tres meses en el Congreso, al frente del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que fue finalmente aprobado la semana pasada, tendrá que volver más pronto de lo que esperaba al hemiciclo parlamentario, esta vez por cuenta de la citación que ya le preparan para que entregue una respuesta oficial frente al campanazo que diera el miércoles pasado la Contraloría General en torno de que se podrían perder más de tres billones de pesos de las regalías de las entidades territoriales por el tiempo que se están demorando entre el momento que reciben la aprobación de los proyectos para ejecutar con recursos de regalías y la apertura de los procesos de contratación de los mismos.

No prosperó

No es la primera vez que este tema se pone sobre la mesa en las últimas semanas. No hay que olvidar que semanas atrás se generó una gran polémica cuando elpresidente Santos propuso una modificación de la Ley de Garantías Electorales con el fin de flexibilizar la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores pudieran firmar convenios interadministrativos y adelantar otra clase de gestiones de contratación, ya que la restricción que impone a partir de julio próximo y por cuatro meses la citada norma, podría impedir la ejecución de proyectos por cinco billones de pesos provenientes de las regalías en departamentos y municipios. En medio de la polémica que se generó acerca de que dicha reforma podría abrir un boquete a la politiquería en la recta final de la campaña electoral regional y local, la propuesta se hundió indefectiblemente. Incluso se planteó buscar un ‘atajo’ legal en el proyecto del Plan de Desarrollo, pero no prosperó tampoco.

Ya estaba advertido

Ya varios de los alcaldes y gobernadores habían advertido al Gobierno y los entes de control que existía ese riesgo de represamiento de recursos de las regalías, pues si la aprobación de los proyectos en los OCAD (que son las instancias de evaluación de viabilidad) es demorada, los procedimientos de diseño, contratación y licitación son más complejos aún y ya está encima la Ley de Garantías. En el Congreso hay varios parlamentarios que han anunciado que presentarán una reforma legal al respecto, pero sus efectos ya no entrarían en vigencia este año. A ello se suma que el Gobierno, a través de ministros como el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha insistido en que ‘mover’ esa inversión de los cinco billones de regalías represadas en este 2015, es clave para amortiguar el impacto del enfriamiento económico derivado de la descolgada petrolera.

Panorama preocupante

De acuerdo con la Contraloría, a 31 de diciembre de 2014 del total de proyectos aprobados sólo 5.223 están contratados, equivalentes a $ 10,5 billones. El resto de proyectos (1.094), aunque han sido aprobados, no han empezado sus procesos de contratación, lo que los pone en riesgo de desaprobación. Es claro que los proyectos aprobados tienen como máximo 12 meses para iniciar sus procesos de contratación o de lo contrario, desaprobarse nuevamente. Esa decisión les corresponde a los OCAD. Así las cosas, según el ente de control, a 172 proyectos que ya fueron desaprobados en los tres años de vigencia del Sistema podrían sumárseles otros 1.094 proyectos.