Va que va…

Aunque en determinado momento una parte de la avanzada de seguridad para el consejo de ministros que el presidente Santos debía encabezar el jueves en Toribío (Cauca), alcanzó a pensar que era demasiado riesgoso exponer al Jefe de Estado y el Gabinete a una revuelta de la comunidad indígena o, peor aún, a un ataque a larga distancia de la guerrilla, la orden del Primer Mandatario, según trascendió en una alta fuente de la Casa de Nariño, fue que el cónclave de altos funcionarios debía realizarse a como diera lugar.

Cuasi-papayazo

Era claro que si por alguna circunstancia el consejo de ministros se llegaba a suspender en Toribío, ese hecho sería de inmediato aprovechado por la oposición uribista para descargar una andanada de críticas contra el Gobierno y recalcar su tesis de que hay un retroceso grave en la seguridad y el orden público, asuntos que fueron los temas principales del lanzamiento la semana pasada del nuevo partido que piensa impulsar el ex presidente Uribe con el objetivo de atravesarse a la reelección de Santos.

Cosecha en ciernes

Si bien es cierto que no es la primera vez que la Guardia Indígena en el Cauca exige que los actores armados (legales o ilegales) salgan de su territorio, en organismos de Inteligencia del Estado analizan informaciones en torno de que por esta época hay una cosecha de hoja de coca y marihuana que está por salir en el suroeste del país, pero tanto su recolección como el refinamiento y transporte hacia la frontera ecuatoriana o las costas del océano Pacífico se han dificultado por la amplia presencia de las Fuerzas Militares en la zona en los últimos meses, sobre todo después del abatimiento del cabecilla de las Farc alias Alfonso Cano.

Antecedente lejano

Un asesor de un ex comisionado de Paz de años atrás recordó que al comienzo de esta década el Eln alcanzó también a presionar a algunas comunidades de varios departamentos para que exigieran al Gobierno Nacional de turno que retirara de los cascos urbanos las estaciones de Policía. “… Incluso hubo quienes acudieron a las tutelas alegando que el DIH prohibía a un actor armado de un conflicto interno instalar bases o cuarteles en cercanía a la población civil… Le tocó a la misma Corte Constitucional pronunciarse para cerrar ese riesgo que los militares alcanzaron a calificar como un flanco más de la guerra jurídica contra el Estado”, recordó el entonces asesor, que pidió la reserva de su nombre.

Cuestión de DIH

La misma fuente agregó que la jurisprudencia de entonces fue clara en que el DIH “debía tener una aplicación flexible, toda vez que Colombia no había declarado la existencia de un conflicto armado, con todo lo que ello implica a la luz de los Protocolos de Ginebra… Hoy la situación es algo distinta, puesto que el Estado colombiano acepta la existencia del conflicto armado interno y allí el DIH tiene una aplicación más directa…”.

Calificadoras

El proyecto de reforma tributaria que el Gobierno tenía pensado presentar al Congreso al comienzo de la legislatura que arranca el próximo 20 de julio, pero que será aplazado hasta que se distiendan las relaciones entre la Casa de Nariño y las bancadas parlamentarias, llamó la atención de las firmas calificadoras de riesgo de inversión, según las cuales el ajuste a la estructura impositiva se requiere y, de no aplicarse, podría afectar las evaluaciones sobre la economía colombiana.