El pesimismo sobre el futuro del proyecto de ley de reforma a la salud volvió a imperar en los pasillos del Congreso. A menos de un mes para el término de las sesiones de la última legislatura de este cuatrienio, es claro que el tiempo ya parece ser el mayor enemigo de la iniciativa, a tal punto que varios senadores y representantes admiten abiertamente que el proyecto se terminará hundiendo y más aún por la polémica que está surgiendo debido a las implicaciones del ‘recorte’ del articulado y los ‘micos’ que, al decir de varios congresistas, estarían favoreciendo a las criticadas EPS, directa o indirectamente. En algunas fuentes gubernamentales se dijo que los peros no tenían razón y que eran una excusa para hundir la reforma. ¿Qué dirá el ministro Alejandro Gaviria?

Tampoco ayudan

Luego de la tragedia ocurrida el fin de semana en Fundación (Magdalena), que les costó la vida a 33 menores de edad que murieron calcinados al incendiarse el bus que los movilizaba, el mismo que no tenía afiliación a empresa alguna, tampoco SOAT y ni siquiera el conductor licencia, se han analizado varias alternativas para evitar que un drama de estas proporciones se vuelva a presentar en el país. Aunque las miradas acusadoras apuntan a los gobiernos Nacional, seccionales y locales, desde otros sectores se indica que las propias empresas del sector, que están formalizadas y con todos sus papeles en regla, tampoco colaboran al denunciar a tiempo a los transportadores ‘piratas’.

¿Una súpercorte?

Un decano de una facultad de Derecho muy prestigiosa en la Costa Atlántica hizo una propuesta singular ahora que se está discutiendo de nuevo un borrador para la reforma política. La propuesta consiste en que se cree una súpercorte para juzgar a los funcionarios hoy aforados, desde el Presidente de la República, el Procurador, el Contralor, el Fiscal y los propios magistrados de las altas Cortes. Si bien la idea ya había sonado en el pasado, en esta ocasión trae dos ingredientes adicionales: en primer lugar, que para llegar a esa súpercorte se debe haber pasado por alguno de los cuatro máximos tribunales y, en segundo lugar, que quienes la integren lo harían por períodos de 8 a 12 años, para garantizar que no haya ‘carrusel’ de juristas en un cargo tan delicado.

Nada de nada

Un periodista de EL NUEVO SIGLO indagó a varios gobernadores sobre la eventualidad de que su período, que termina el 31 de diciembre de 2015, pudiera ser extendido dos años más, como se ha propuesto en las toldas gobiernistas. La mayoría de los consultados coincidió en que es muy difícil completar un plan de desarrollo en un período cuatrienal pero, aterrizados en la realidad política, sostuvieron que el Congreso, que tiene un nuevo mapa político y correlación de fuerzas, no dejaría que una reforma constitucional en ese sentido progresara. Es más, un gobernador -que pidió la reserva de su nombre y, por ende, de la región que dirige- indicó que en la actual campaña presidencial varios de los candidatos a sucederlo se han paseado por las tarimas de diferentes aspirantes a la Casa de Nariño cuando han ido a su respectivo departamento.