Es claro que las relaciones entre el exfiscal Eduardo Montealegre y el gobierno Santos están completamente rotas. Las declaraciones del ex jefe del ente acusador, en entrevista dominical con EL NUEVO SIGLO, en donde acusó al Ejecutivo de atacar la autonomía de la Rama Judicial, actuar con “doble moral” y ser desleal –entre otros señalamientos- ponen en evidencia que ya no es el aliado de la Casa de Nariño que fue durante los últimos dos años, en especial en defensa del proceso de paz, el marco normativo para sustentarlo y replicando drásticamente a los críticos de la negociación, especialmente al uribismo y al procurador Ordóñez. Es más, en los pasillos del Palacio de Justicia se afirma que si la Corte Constitucional acoge la demanda de Montealegre contra lo poco que sobrevive de la reforma de equilibrio de poderes, no sólo quedaría sin piso el Tribunal de Aforados, sino que ya no habrá marcha atrás en el rompimiento definitivo con Santos.

Tres razones… (I)

¿Qué pasó? Son cuatro los hechos que se señalan en los corrillos políticos y judiciales como los causantes de la ruptura de la alianza entre el exfiscal y el Gobierno. Tres de ellos muy conocidos: la no inclusión del vicefiscal y hoy fiscal (e) Jorge Fernando Perdomo en la terna para nuevo Fiscal General, el choque de criterios entre Montealegre y el equipo negociador gubernamental sobre los mecanismos para el blindaje jurídico del proceso de paz y –tercero- la demanda de Montealegre contra la reforma de equilibrio de poderes y el haber pedido a la misma Corte dejar sin piso la  resolución gubernamental 339 de 2012, mediante la cual el Ejecutivo asumió legalmente la agenda de negociación pactada entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

Tres razones… (II)

Montealegre, como se sabe, pide en su demanda que “la expresión acuerdos, contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se entienda en el sentido según el cual el acuerdo general, los acuerdos temáticos alcanzados entre las partes y el acuerdo final, son acuerdos especiales a la luz del Derecho Internacional Humanitario y que por esa misma razón, es decir, por desarrollar obligaciones del Derecho Internacional Humanitario, hacen parte del bloque de constitucionalidad”. Ello implicaría, entonces, que no habría necesidad alguna de refrendación popular del acuerdo final con las Farc. Esta tesis, como se sabe, no la acepta el Gobierno que considera que el pacto final debe llevarse a las urnas mediante el plebiscito por la paz que hoy está, precisamente, bajo examen en la Corte Constitucional.

La otra…

La cuarta razón, según los corrillos políticos, es la que explicaría la acusación de deslealtad que hizo Montealegre al Gobierno. Según un senador cercano a la Casa de Nariño, se había pensado al comienzo del año que el saliente fiscal tuviera, una vez dejara el cargo, un papel protagónico en la instrumentación jurídica del proceso de paz y “hasta se llegó a contemplar que sería enviado a La Habana o tendría bajo su tutela la activación de la jurisdicción especial de paz y el Tribunal Especial de Paz… Esos planes quedaron en el aire por las demandas de Montealegre ante la Corte, que obviamente no cayeron nada bien en Palacio… Por lo mismo se truncó, de lado y lado, su designación como embajador en Alemania… Además, no es un secreto que De la Calle y Jaramillo no tienen la suficiente química ni comparten muchas tesis con Montealegre”.