¿Cuándo presentar la reforma tributaria estructural? Esa es la pregunta que se están haciendo en altas instancias gubernamentales  en torno al que, sin duda alguna, será el proyecto más controvertido este año en el Congreso. Hay cuatro ópticas que priman en el debate. La primera es la económica, según la cual es inaplazable empezar a tramitar el ajuste impositivo, ya que las finanzas públicas entran cada día más en terreno crítico y el Gobierno podría tener problemas de financiamiento en 2017, a menos que la descolgada petrolera revierta su tendencia, algo que hoy es improbable ya que la mayoría de los pronósticos internacionales apuntan a que el precio del barril del crudo podría caer a 20 dólares antes de la mitad de año.

Reforma y plebiscito

Una segunda óptica tiene un alto componente de conveniencia política y parte de la base de que, como dice el refrán popular, el palo no está para cucharas. Es decir, que si el Gobierno quiere mantener opción de que el plebiscito por la paz, que se votaría a mitad de año, sea aprobado en las urnas, debe aplazar para el segundo semestre la presentación del proyecto de reforma tributaria al Congreso. Si radicara la iniciativa antes, el coletazo negativo en la opinión pública que producirá un nuevo apretón en materia de impuestos  afectará la votación positiva en la refrendación de los eventuales acuerdos de paz. Esto bajo la tesis de que el plebiscito se convertirá en una especie de voto de confianza sobre la gestión del Gobierno y es claro que una reforma tributaria que golpeará duramente a las personas naturales será altamente impopular.

Reforma y posconflicto

Una tercera óptica sobre el cuándo de la reforma tributaria se refiere a que esta debería presentarse sólo cuando se firme el proceso de paz y se tenga claro el monto de las inversiones para el posconflicto. El proyecto, entonces, debería aprovisionar la mayor cantidad de recursos posibles a largo plazo con ese objetivo. Según quienes defienden esta hipótesis, no tiene lógica radicar ahora un apretón de impuestos que se califica de estructural, si en menos de un año se haría necesario otro ajuste tributario para financiar lo que cueste la etapa de la posguerra, que según algunos cálculos oficiales podría demandar inversiones de entre 7 y 10 billones de pesos anuales en la próxima década. El Gobierno tramitó ya en 2014 una reforma tributaria, está proyectando otra y no podría sumar una tercera en 2017 pues sería un imposible político.

Reforma y sucesión

Pero existe una cuarta óptica que es defendida, en privado, por algunos congresistas y altos funcionarios, según la cual el Gobierno debería repensar la pertinencia de la reforma tributaria estructural por dos razones fundamentales. La primera, que los índices de popularidad del Ejecutivo y de la calificación de su gestión apenas si superan el 30 por ciento en el promedio de la encuestas. La segunda, que corrido ya año y medio del segundo mandato la prioridad de Santos debe ser concretar el proceso de paz, hacerlo refrendar popularmente y arrancar con su implementación, pues esa esa es su principal bandera política y la que lo podría meter, como se dice popularmente, en los anaqueles de la historia. En ese orden de ideas, el impopular apretón de impuestos  debería dejarse al próximo gobierno, pues la campaña por la sucesión en la Casa de Nariño comienza  en menos de un año.