En los pasillos del Consejo de Estado se da por descontado que se avecinan recusaciones a varios de los magistrados por el caso de la acción de nulidad que interpuso el destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra el fallo de la Procuraduría que lo sacó del cargo y le impuso una inhabilidad de 15 años para ocupar puestos públicos. Si bien hay jurisprudencia para negar las recusaciones, que se basarían en que los magistrados en Sala Plena ya votaron sobre el caso Petro, cuando la mayoría negó las acciones de tutela que habían congelado el fallo disciplinario, lo cierto es que el proceso de nulidad se demoraría por cuenta del trámite de rechazar estos recursos.

Más demandas

Y siguiendo con este polémico caso, se sabe que varios de los contradictores del exalcalde Petro volvieron a prender alertas ante la sola posibilidad de que éste pueda volver al cargo por cuenta de unas eventuales medidas cautelares que pudiera llegar a dictar el magistrado del Consejo de Estado que está llevando el proceso de nulidad. Según conoció EL NUEVO SIGLO, se preparan más demandas contra Petro en la Procuraduría, esta vez por cuenta de sus actuaciones en diciembre y enero al considerar que tanto él como varios de sus secretarios de despacho hicieron pronunciamientos típicamente políticos e incluso de campaña electoral, al mostrarse al lado de candidatos al Congreso y hasta a la Presidencia. 

Todos igualitos

Hay cierto inconformismo en algunas instancias del Congreso en torno de las exigencias que están haciendo en materia de oficinas y de otras materias los congresistas electos del Centro Democrático. Es más, un veterano parlamentario durante una charla informal con periodistas en uno de los ascensores del edificio nuevo del Congreso dijo que le había escuchado a un alto dirigente administrativo del Parlamento que ya era hora de precisarles a los congresistas uribistas que no hay senadores ni representantes de primera o segunda categoría, y que todos tenían la misma importancia y prerrogativa. Vea pues…

Casi, pero no…

En varias campañas presidenciales se alcanzó a pensar en que sus respectivos candidatos fueran a visitar a las víctimas de los ataques con ácido en la capital del país. Sin embargo, se evaluaron los pro y contra de esa propuesta y, al final, coincidencialmente, las campañas decidieron que lo mejor era pronunciarse sobre el tema pero sin aparecer al lado de las víctimas y sus familias, pues podría ser interpretado por la opinión pública como un acto de oportunismo político y lejos de ganar algunos puntos positivos, la reacción sería muy negativa.

¿Y el resto?

En los pasillos del Congreso hay inconformismo en algunas bancadas porque consideran que la campaña publicitaria del MIRA, en la que ese movimiento político se atribuye ser el motor de leyes como la que aumentó las penas para quienes ataquen mujeres con ácidos, desconoce y subestima el papel que congresistas de otros partidos jugaron en la aprobación de esas iniciativas. Una alta fuente de la colectividad señalada, consultada por un periodista de EL NUEVO SIGLO, replicó que era normal que un partido hiciera publicidad a su gestión, y que así quedó comprobado en la reciente campaña al Congreso, en donde varios partidos tuvieron como bandera programas gubernamentales, proyectos y leyes liderados por sus congresistas y ministros.