Prueba ácida a proyecto (I)

Un experimentado penalista se dio a la tarea de analizar las implicaciones del proyecto de ley que radicó en días pasados el senador del Polo, Iván Cepeda, con el objetivo de crear un tipo penal que sancione la obstrucción a la paz y establecer las circunstancias de agravación punitiva. La iniciativa, según su autor, plantea que quien obstruya, de manera temporal o permanente, los acercamientos, conversaciones o diálogos que sostengan los representantes autorizados por el Gobierno Nacional con grupos armados organizados al margen de la ley, así como la implementación de acuerdos de paz y los procesos de reincorporación a la vida civil de desmovilizados, con el propósito de impedir su realización, incurrirá en prisión de diez a quince años, tendrá que pagar una millonaria multa y se expondrá a la interdicción de sus  derechos y funciones públicas de diez a quince años. Además, tendrá agravantes cuando la conducta penal sea cometida por un funcionario público.

Prueba ácida a proyecto (II)

“… En técnica penal el nuevo delito que se plantea no solo resulta antitécnico sino contradictorio… La definición taxativa, dentro del derecho sustancial y de los condicionales de una conducta típica, antijurídica y culpable, no puede disminuirse a una visión caprichosa, minimalista, circunstancial y ni acomodaticia del derecho penal… Se cae, igualmente, en el vicio de doble imputación… Delitos como interceptar las comunicaciones de los negociadores y más aún incurrir en tentativa o materialización del homicidio de lo que se denomina ‘constructores de la paz’… Una y otra son conductas penales ya contempladas, autónomas y que, en el caso del asesinato, tiene penas muy superiores a las contempladas en el proyecto de Cepeda…”, precisó el penalista, que pidió la reserva de su nombre para no comprometer los procesos en que hoy litiga.

Las cuentas de La U

A cuatro semanas de las elecciones parlamentarias y la votación de las consultas interpartidistas para escoger candidato presidencial único, en las toldas del partido de La U se considera que “hay que tener cautela” con las proyecciones electorales, sobre todo porque la colectividad tiene que “ser realista” en torno a que, respecto a los escaños conquistados en marzo de 2018, se perdieron “definitivamente” en este cuatrienio tres curules (Roy Barreras y Armando Benedetti, que están en el petrismo, así como el escaño de Eduardo Pulgar, que terminó preso por un proceso de tráfico de influencias). Aunque pocos de los parlamentarios lo admiten en público, en La U se considera que cualquier resultado por encima de once curules para el Senado será muy positivo. Se confía en las nuevas votaciones que provienen de los representantes que quieren dar el salto al Senado.

Lupa a 210 aspirantes

Ya varias veedurías ciudadanas están en la tarea de revisar los antecedentes penales, fiscales y disciplinarios así como la experiencia, calidades personales y personales, así como las relaciones políticas y partidistas de los 210 aspirantes al cargo que se inscribieron ante el Congreso para participar en el proceso de selección del Contralor General para el periodo 2022-2026. Ese proceso de selección, acorde con la resolución parlamentaria 001 del 17 de enero pasado, será acompañado por la Universidad Industrial de Santander (UIS), que se encargará de realizar y calificar las pruebas a los aspirantes. Ese primer filtro a las hojas de vida que están realizando varias veedurías se daría a conocer antes del 9 de marzo, cuando la UIS debe publicar la lista de aspirantes habilitados.