A un paso…

Hay mucha expectativa en torno a la aprobación en último debate del proyecto de ley que por medio de la cual se crea el tipo penal de lesiones personales por el uso de sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas, sobre todo de las conocidas como biopolímeros. El proyecto está pendiente de último debate en la plenaria del Senado y sus impulsores esperan que reciba el visto bueno antes del 20 de diciembre tras ser aprobado a mediados del mes pasado en la Comisión I. La iniciativa, que se ha discutido en varias ocasiones en el Congreso en los últimos años, sobre todo a medida que han incrementado los problemas de salud en las mujeres que se sometieron a este procedimiento estético, no solo regula el uso, comercialización y aplicación de algunas sustancias modelantes, sino que establece medidas a favor de las víctimas de procedimientos médicos quirúrgicos con fines estéticos que involucran la aplicación “no permitida”.

Acaba “zona gris”

Iniciativa del partido de La U y con el apoyo de Cambio Radical, el proyecto tiene el respaldo de las asociaciones médicas, sobre todo del gremio de los cirujanos plásticos. “… Es una iniciativa vital para acabar de una vez por todas con procedimientos invasivos que, sin importar su costo y realizados muchos de ellos por personas o profesionales inexpertos, tienen graves efectos colaterales en los pacientes… También acaba con esa zona gris entre los procedimientos estéticos que no cubren los regímenes de salud contributivo y subsidiado, y aquellos que las personas sufragan con sus propios recursos… Este asunto es vital, no porque el sistema de salud vaya a pagar por estos procedimientos estéticos, sino para proteger el derecho a la salud de las víctimas cuando tienen complicaciones por el tema de biopolímeros, cuya extracción es un proceso largo, costoso y que tiene muchos efectos colaterales en el organismo, desde infecciones de tejidos blandos y sepsis de distinta drasticidad hasta problemas circulatorios…”, le dijo una fuente del gremio médico a un periodista de EL NUEVO SIGLO.

Las penas

El delito base señala que el que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas, incurrirá en prisión de 20 a 110 meses, y multa de 100 a 200 salarios mínimos legales vigentes. Según explicó semanas atrás el senador conservador Germán Blanco, la iniciativa plantea que cuando los daños afecten el rostro, las penas aumentarán de una tercera parte a la mitad. Ahora, si la conducta es cometida por un profesional de la salud, la pena será de 50 a 150 meses, multa de 200 a 300 salarios mínimos y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de 120 meses. Otro agravante es que si ese procedimiento genera un daño a la salud mental o física, la pena será de 96 a 180 meses de prisión, y la multa de 33 a 150 salarios. Por último, si las víctimas son menores de 18 años, las penas aumentarán de una tercera parte a la mitad.

No hay estadísticas

La presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, precisó que el proyecto también establece que el Ministerio de Salud deberá asumir la caracterización de las víctimas de biopolímeros en el país. “Con dicha medida se busca contar con un registro oficial de este fenómeno. Actualmente, no se tienen cifras sobre cuántas víctimas hay en Colombia ya que, por un lado, el fenómeno no era considerado como un problema de salud pública y por otro, muchas personas no acuden al sistema de salud ni denuncian porque sienten vergüenza y porque saben que no serán atendidos”, dijo en reciente columna de opinión. También destacó que el Invima deberá presentar el listado de sustancias permitidas a nivel nacional.