En medio de todo el debate sobre los alcances e implicaciones del fallo de la Corte Constitucional que viabilizó el plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc, poco eco se hizo al concepto que el procurador Alejandro Ordóñez radicó el martes ante el mismo alto tribunal, en el que le solicita anular el fallo adoptado en la sentencia C-327 de este año, mediante el cual se declaró exequible el artículo 90 del Código Civil, que definió que la existencia legal de las personas “principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”. Como es apenas obvio, esta jurisprudencia de la Corte tiene altas implicaciones frente a temas como el aborto.

El momento de la concepción

Según el Ministerio Público, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y específicamente con sus artículos 1.2, establece que “persona es todo ser humano”, y el 4.1 exige respetar la vida humana “en general desde el momento de la concepción”. Sobre esa base, el procurador Ordóñez considera que la Corte incurrió en las violaciones al debido proceso “por desconocimiento absoluto de asuntos de especial relevancia constitucional, pues omitió confrontar la norma legal demandada con el artículo 1.2. de la Convención, ya que el centro del debate es la existencia legal de las personas y no la protección del derecho a la vida del no-nacido, que es un derecho de la persona y si se desconoce, se vulnera la Convención”. No es la primera vez que Ordóñez impugna y pide anular fallos de la Corte que tienen que ver con estos temas, aunque siempre con respuesta negativa.

¿La tercera es la vencida?

Los senadores Andrés García Zuccardi y Álvaro Asthon radicaron sendas iniciativas con el fin de legalizar el servicio de transporte que se presta mediante plataformas tecnológicas tipo Uber, que tanta polémica ha generado en el país en los últimos dos años. Lo más seguro es que las iniciativas de los congresistas de La U y liberal terminen acumulándose en un solo proyecto. Solo después de que ello ocurra se espera que el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se pronuncie al respecto de semejante ‘papa caliente’. Por lo pronto, es claro que el trámite de los proyectos tendrá la presión de distintos sectores, tanto de los taxistas como de la opinión pública. Será, entonces, la primera prueba de fuego para la resolución que anunciara el nuevo presidente del Senado, Mauricio Lizcano, para reglamentar  el lobby de empresas y particulares en el Congreso.