Siguen las reacciones al acuerdo del Gobierno y las Farc para que se cree una comisión que  avance una propuesta para un eventual Estatuto de la Oposición en Colombia. Por ejemplo, un congresista que años atrás impulsó fallidamente una iniciativa en este sentido recordó en su momento una de las grandes controversias se dio alrededor de las garantías a los partidos de “oposición” en ese momento. Unos planteaban que debería darse una partida presupuestal mayor a las colectividades que no hacían parte del oficialismo ya que existía un desbalance en materia de exposición mediática frente al Ejecutivo, que podía disponer de alocuciones radiotelevisadas cuando quisiera. Ante ello, recordó la petición de los partidos de oposición para que se les entregara por derecho propio algunos noticieros de televisión y emisoras, con el fin de tener así una ventana en la prensa que les permitiera difundir sus ideas y ejecutorias.

Estatuto y jueces electorales

La misma fuente agregó que otras de las dificultades que en su momento marcaron la discusión sobre el Estatuto se dio sobre la composición y forma de elección del Consejo Nacional Electoral y de la secciones del Consejo de Estado que proyectan fallos sobre la nulidad de las elecciones y las   credenciales de congresistas y otros cargos de elección popular. Dijo el congresista que la discusión se desnaturalizó tanto que en un momento dado se llegó a plantear que la composición del CNE y  las salas del máximo tribunal del contencioso-administrativo debería ser paritaria, es decir que la mitad de los magistrados fueran de las facciones gobiernistas y la otra de los partidos independientes o de oposición.

Estatuto y mesas directivas

En el Congreso también hay más reacciones frente a lo que debe contener dicho Estatuto. Por ejemplo, algunos  parlamentarios que consideran que a través de esa normativa tiene que establecerse de manera obligatoria que los senadores y representantes de los partidos que se declaren oficialmente en oposición tendrán participación en las mesas directivas de ambas corporaciones y de las comisiones permanentes. Por igual se considera que a través de este Estatuto se podría avanzar formal e institucionalmente a la figura del “gabinete en la sombra”, que si bien es muy propio de los regímenes parlamentarios, en Colombia podría significar un paso adelante en materia de control político efectivo al Ejecutivo.

Estatuto y moción de censura

Otra de las propuestas que empezó a despuntar alrededor de lo que debe contener un Estatuto de estas características se refiere a una reforma a la moción de censura con el fin de hacer más expedito el proceso para aplicar esta sanción política a un alto funcionario por parte del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Como se sabe desde que se creó esta figura, en la Carta del 91, no se ha aplicado efectivamente una sola vez, ya sea porque el funcionario de la mira renuncia antes de que el cuerpo legislativo lo sancione o porque, en la mayoría de las veces, las coaliciones políticas que dominan esas corporaciones públicas terminan bloqueando la posibilidad de la moción, por instrucción de los gobiernos de turno.