Hay preocupación entre los gremios productivos por el efecto que puede tener en otros sindicatos y grupos de presión lo que está pasando alrededor del paro camionero, que completa ya un mes. Según trascendió, en la cúpula del sector privado hay quienes se preguntan si al Gobierno no le ha faltado mano fuerte y autoridad para solucionar la parálisis de un  sector de los transportadores de carga, que a medida que han pasado las semanas han aumentado el nivel de las peticiones y sugerencias al Ejecutivo, de forma tal que lo que empezó con un pliego de requerimientos corto y coyuntural se convirtió en una plataforma que busca hacerle una reingeniería total al sector, incluso con temas que no son del resorte administrativo y reglamentario del Gobierno, sino que requieren desarrollos legales en el Congreso.

¿Plebiscito impacta al Gobierno?

“…Lo que nos preocupa es que hay muchos sindicatos y sectores que están percibiendo al Gobierno en un estado de debilidad política derivado de que quiere calmar el agitado clima social y económico que hay en el país, para evitar una oleada de protestas y paros que obviamente no favorecen el ambiente que requiere el Gobierno en la antesala y la misma votación del plebiscito por la paz… Se percibe así al Ejecutivo como muy dado a transar y ceder y por eso es que el paro camionero fue paralelo al paro agrario, y ya se anuncia otros de los profesores y más protestas como la de los taxistas y los trabajadores de otros sectores productivos… Si el Gobierno no pone punto de autoridad en este momento, se le va a complicar aún más el margen de maniobra”, dijo a EL NUEVO SIGLO un importante  dirigente gremial en charla off the record.

Las que no pasaron  

A propósito de las celebraciones por los 25 años de la Constitución de 1991 un exconstituyente quiso hacer el difícil inventario de cuántos actos legislativos de reforma a la Carta del 91 se han radicado en el Congreso a lo largo de dos décadas y media de vigencia de la actual ley de leyes. Aunque suspendió el trabajo por dispendioso, trascendió que si bien a la Constitución se le han aplicado más de 41 reformas en 25 años, el número de actos legislativos sería, por lo menos, 10 veces superior a esa cifra, la gran mayoría sin ni siquiera haber pasado de primer debate en las Comisiones Primeras del Senado o Cámara.

¿Y los cupos?

Los defensores de las plataformas tecnológicas en el transporte, tipo Uber, tienen un arsenal de argumentos para presionar al Gobierno a que legalice este tipo de servicios. Por ejemplo, sostienen que mientras en el servicio de taxis tradicionales el llamado costo de un “cupo” está por encima de 100 millones de pesos, el monto de esos activos no aparece reflejado en la contabilidad de las empresas como tampoco en los de los dueños de los vehículos, porque se considera que los “cupos” son “intangibles” que no se pueden calcular y,  por lo tanto, no pagan impuestos de ninguna índole.  Bajo ese argumento se estima que no estarían tributando los titulares de no menos de cinco billones de pesos.