Reforma tributaria  (I)

Un grupo de líderes empresariales está tratando de definir una posición conjunta frente a la próxima reforma tributaria estructural y no porque consideren que el ajuste a la estructura de impuestos no sea necesario, sino porque son de la opinión de que estando tan cerca la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc lo mejor sería esperar a que concrete el proceso y se sepa a ciencia cierta cuál será el costo económico de lo que se pacte con la guerrilla y si será necesario acudir a más impuestos para financiar la implementación de las reformas respectivas.

Reforma tributaria  (II)

En ese orden de ideas, la propuesta de los empresarios es plantearle al Gobierno que jalone un gran pacto político con los partidos que apoyen el proceso y con el mismo sector privado para que haya un compromiso serio de tramitar en el primer semestre de 2017 el proyecto de reforma tributaria. Tanto el presidente Santos como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, han dicho que la reforma es inaplazable e incluso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se recalca que es necesario obtener nuevas fuentes de recursos para suplir el hueco fiscal de 2017 y 2018, a menos de que se recupere el precio del petróleo en el corto plazo, como parece estar sucediendo, ya que el precio del barril lleva ya varias semanas alrededor de los 50 dólares, después de que en enero estaba apenas en 25 dólares.

Excarcelaciones a cuentagotas

Esta semana será particularmente movida en materia judicial pues deben empezar a salir de las prisiones no menos de 6.000 sindicados a los que jueces y fiscales no les definieron a tiempo la situación jurídica. Ello en aras de la ley 1760 o de Racionalización de la Detención Preventiva. En virtud de la misma, a partir de mañana, 6 de julio, deben empezar a quedar en libertad los procesados por delitos menores que lleven un año o más en detención preventiva. Según el Ministerio de Justicia no habrá lugar a una excarcelación masiva automática, sino que debe mediar una audiencia en la que se establezca que no se presenta ninguna de las excepciones señaladas.

Drogas en fila

Tras la decisión del Ministerio de Salud de declarar un medicamento contra algunos tipos de cáncer como de “interés público” y por esa vía tener la facultad de abaratar de forma sustancial su alto costo, varias asociaciones de pacientes de enfermedades huérfanas, de alto costo o catastróficas han pedido que se haga lo propio con las drogas que les sirven para tratar sus patologías o tienen un efecto positivo en el manejo del dolor y las daños colaterales de los tratamientos más invasivos. No se sabe qué responderá el Gobierno al respecto, sobre todo porque aún está esperando cuál será la reacción de la industria farmacéutica multinacional frente a la intervención del precio del Glivec, de titularidad de Novartis.