El Gobierno considera que la ‘papa caliente’ de Uber y las demás plataformas que conectan a pasajeros con vehículos particulares que prestan el servicio de transporte debe dejarse a criterio de lo que decida finalmente el Tribunal Superior de Bogotá. Como se sabe, ante esa instancia Uber apeló la decisión, hace dos semanas, de un juez de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó a la plataforma cesar inmediatamente su operación en Colombia. Si bien es cierto que el fallo del alto Tribunal podría demorar un año o incluso dos, el Ejecutivo considera que mientras no se sepa a ciencia cierta qué pasa con el fallo de primera instancia de la Superintendencia, cualquier intento de regulación en uno u otro sentido resultaría inútil y hasta riesgoso. Así las cosas, el Ministerio de Transporte, hoy conducido por Ángela María Orozco, se quedará quieto en espera de que el Tribunal Superior se pronuncie.

Contrapunteo legislativo

Ahora bien, en el Congreso no están dispuestos a esperar el fallo del Tribunal. Desde ya se sabe que varios proyectos de ley se van a radicar tan pronto como comiencen las sesiones ordinarias a mediados de marzo próximo, o incluso antes si el Gobierno llega a citar a extras para discutir temas de alto impacto social como el de la tercera prima laboral para quienes devengan hasta un salario mínimo. Sin embargo, así como habrá iniciativas que irán en la dirección de autorizar el funcionamiento de las plataformas, otras buscarán todo lo contrario: facultar a una o varias superintendencias para que tomen medidas más inmediatas y eficaces contra Uber y otras aplicaciones que siguen funcionando en abierto desafío a la institucionalidad colombiana. Por el momento se espera la respuesta de los operadores de internet a la solicitud oficial para que bloqueen la aplicación de Uber.

No iría la pensional

La reforma pensional no sería tramitada el año que entra. Por lo menos así lo consideran varios dirigentes políticos para quienes, como reza el refrán, “el palo no está para cucharas”. La tesis es muy sencilla: llevar al Congreso un proyecto de reingeniería el régimen de jubilación en el primer semestre de 2020 sería darle un ‘papayazo’ muy grande a los sectores que promovieron el paro del pasado 21 de noviembre y las marchas derivadas. Es claro, y así lo admiten fuentes cercanas al Comité Nacional de Paro, que la llegada de la temporada festiva de navidad y año nuevo le quitó vapor al clima de protesta social, ya que el grueso de la opinión pública se concentró en el remate de 2019 y todo lo que ello implica, dejando en el aire la intención de los promotores de las marchas de crear un clima constante de crispación social en las calles para aumentar así la presión sobre la Casa de Nariño.

No aceptan

Una de las mayores limitaciones que tienen las autoridades para la protección de los líderes sociales es que algunos de estos consideran que todo sistema de seguridad que no cuente con un cuerpo de escoltas las 24 horas, vehículo blindado, chaleco antibalas y otros procedimientos especiales simple y llanamente no sirve. No son pocos los casos documentados en donde las autoridades les informan a personas con riesgo bajo que no se les puede suministrar escoltas ni camioneta blindada, recibiendo como respuesta la negativa a recibir elementos más básicos para su protección, como chalecos antibalas, armas de defensa personal y escolta policial en determinados desplazamientos y eventos. También se da el caso de que hay líderes que consideran que andar custodiados a todo momento dificulta de manera sustancial su trabajo diario con las comunidades, que evitan acercarse por el temor de resultar heridos en un eventual atentado contra el personaje protegido.