Quietos en primera…

Si bien es cierto que el presidente Iván Duque ordenó en la última semana de diciembre un relevo en la comandancia del Ejército, la expectativa de que se produzca un revolcón en el resto de la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía no es cercana. Incluso se especula en los corrillos castrenses que solo hacia mediados del año o incluso alrededor de agosto, cuando el Gobierno llegue a su primera mitad, habrá relevos en las máximas comandancias de la Fuerza Pública y de la Policía. También se asegura que el Jefe de Estado si bien respaldó la permanencia de la actual cúpula en cada una de las fuerzas castrenses y policiales, les indicó que se requiere de manera urgente aumentar la efectividad en el combate a determinados delitos, sobre todo referidos a los de mayor impacto en la ciudadanía, comenzando por frenar el asesinato de los líderes sociales.

Revisión jurídica previa

Un exalto funcionario distrital le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que si bien está de acuerdo con algunos de los anuncios y posturas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre la necesidad de repensar algunas de las obras y proyectos de movilidad vial que dejó encaminados la administración Peñalosa, “… es necesario que antes de hacer algunos anuncios en ese sentido la Secretaría Jurídica haga un análisis muy detallado de qué acciones realmente se pueden tomar, porque algunos de esos proyectos quedaron blindados jurídica y contractualmente, por lo que echarlos para atrás podría generar pérdidas de recursos o demandas al Distrito”. Recordó la misma fuente que ya al propio Peñalosa le tocó ir a dar explicaciones ante la justicia e incluso la Contraloría Distrital por cuenta de haber optado por el diseño de un metro elevado, pese a los millonarios recursos públicos invertidos en los diseños de uno subterráneo en el mandato de Gustavo Petro.

¿A extras?

Aunque sabe que no tendrán mayor eco, algunos parlamentarios de la bancada opositora son de la idea de que el gobierno Duque debería pensar en la posibilidad de citar a sesiones extraordinarias al Parlamento en febrero o a más tardar a comienzos de marzo ¿La razón? Que el Congreso no puede abstraerse ni quedar como mero espectador de la “Conversación nacional” que está llevando a cabo la Casa de Nariño con distintos sectores sociales, gremiales, económicos y políticos del país. Según el calendario del Ejecutivo, los resultados de esos diálogos a nivel nacional en el campo social deben estar terminados hacia marzo y después proceder a analizar sus alcances y derivar las posibles reformas o acciones administrativas que se puedan abocar con el fin de responder a las inquietudes de la ciudadanía. Por el momento, es evidente que no se ve posibilidad alguna de que los senadores y representantes a la Cámara comiencen a trabajar antes del 16 de marzo.

¿Constituyente parcial?

Otra idea que está sobre el tapete de algunos parlamentarios de izquierda es que todas las conclusiones de la “Conversación nacional” deberían considerarse como la “cuota inicial” o el “insumo básico” de una posible asamblea nacional constituyente pero de temario limitado a las posibles reformas asuntos que surjan, precisamente, de la ronda de diálogos que inició el Gobierno tras los paros y las marchas de finales de noviembre y comienzos de diciembre. Sin embargo, es claro que a la Casa de Nariño ni a las mayorías en el Congreso les suena esta posibilidad, menos aún en momentos en que la izquierda y los sectores independientes han crecido sustancialmente en materia electoral, como quedó en evidencia en los pasados comicios regionales y locales.