Ahora que el gobierno del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, logró destrabar la aprobación del Brexit, con la que ese país logrará, por fin, salirse de la Unión Europea el 31 de enero, algunos gremios colombianos han empezado a preguntar cuál podría ser el impacto de ese ‘divorcio’ en la economía de nuestro país y el intercambio comercial tanto con los británicos como con el bloque multinacional del viejo continente. Sin embargo en el alto Gobierno consideran que no hay de qué preocuparse puesto que ya en mayo de 2019 se firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Gran Bretaña, iniciativa que pasó al Congreso de la República para su respectiva ratificación y, tras ello, debe ser remitida a la Corte Constitucional para el respectivo examen de exequibilidad.

Colombia y Brexit (II)

Como en su momento lo explicó a EL NUEVO SIGLO el ministro de Comercio Exterior, Juan Manuel Restrepo, este acuerdo se firmó en compañía de Perú y Ecuador y blinda las relaciones comerciales con el Reino Unido una vez se concrete el Brexit. El alto funcionario explicó que el TLC se desarrolló sobre todo para proteger el sector del agro, pues el 70% de las exportaciones colombianas que se hacen a Reino Unido corresponden a productos como el banano o el café, las cuales se podrían afectar si llega el Brexit sin un pacto bilateral entre Londres y Bogotá. El pacto comercial mantiene las condiciones de integración y acceso preferencial que Colombia tiene con el mercado británico. “Los dos países compartimos el objetivo de garantizar la continuidad de la relación que tenemos en el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador, desde que entró en vigencia en 2013”, explicó el jefe de la cartera de Comercio en septiembre pasado.

¿Fiscal en enero?

Hoy se reanuda la actividad en la Rama Judicial y, como es apenas obvio, todas las miradas están puestas en cómo maniobrará la Corte Suprema de Justicia para poder llenar las vacantes que tiene vacías y, de paso, proceder a elegir al Fiscal General de la terna propuesta a finales del año pasado por el Gobierno y que está compuesta por Francisco Barbosa, actual consejero presidencial de Derechos Humanos; Clara María González, hoy secretaria jurídica de la Presidencia; y Camilo Gómez, titular de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Según trascendió en los últimos días, los magistrados del alto Tribunal se comprometieron a que la escogencia del sucesor de Néstor Humberto Martínez -quien renunció en abril del año pasado- será la prioridad desde el día 1 de trabajo, es decir hoy. Incluso, se abriría paso una especie de “pacto de caballeros” en torno a que el candidato a Fiscal que más votos saque en las primeras sesiones podría ser el finalmente escogido, obviamente por unanimidad porque solo hay 16 juristas en propiedad. Habrá que esperar si se supera este bloqueo en el máximo tribunal de la justicia ordinaria.

¡Al agua, patos!

Un parlamentario uribista de la costa Caribe aprovechó sus vacaciones para hablar de forma distendida con reporteros políticos de su ciudad. Según lo dijo a EL NUEVO SIGLO uno de esos periodistas, que pidió no mencionar su nombre ni el del congresista del Centro Democrático, este afirmó que era urgente que quienes en el uribismo iban a competir por la candidatura presidencial de 2022 empezaran a “moverse desde muy temprano” este año, ya que “Fajardo, Petro y otros les tenían ya una ventaja”. Según la fuente periodística, cuando al parlamentario se le preguntó si veía una alianza del uribismo con otro sector político, respondió que “estaba cantado” que la “llave” del Centro Democrático sería con “la casa Char”.