Una reunión urgente

Un importante dirigente empresarial le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que la gravedad de la crisis sanitaria en Colombia es muy alta y, por lo tanto, no hay tiempo ni margen para cortocircuitos entre las directrices y criterios del Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá. Según la fuente consultada, “… La capital del país no solo alberga el 20% de la población colombiana, sino que tiene el mayor número de contagios y muertes (…) los desencuentros entre los planes y medidas de contingencia entre el presidente Duque y la alcaldesa López cada día son más visibles y eso lo está viendo toda la opinión pública (…) creo que se necesita una reunión a puerta cerrada de ambos mandatarios y que se lean un libro de un escritor europeo de comienzos de siglo que tenía una máxima: las crisis las mejoran o las empeoran los líderes”.

De mal en peor

Un congresista que fue consultado por un reportero de este Diario en torno a si debía o no empezarse a sesionar de forma virtual o si, como lo exigen algunos senadores y Representantes, deben comparecer de forma física y debatir presencialmente en comisiones y plenarias. “… No me voy a meter en discusiones bizantinas y de santanderismo extremo…”, precisó. Indicó que el Congreso estaba dando un “espectáculo” tan lamentable que “evidenciaba” por qué continúa siendo la institución más desprestigiada y de menor credibilidad en todo el país. “… ¿Qué pensará una persona que está confinada en su casa y que al temor que produce la epidemia le suma la incertidumbre por el mercado, el arriendo, el trabajo y los servicios, al ver a congresistas que tienen un salario fijo de más de $30 millones enredados en una polémica sobre si trabajan o no”.

Venta rápida (I)

Y hablando del Parlamento, EL NUEVO SIGLO conoció que uno de los partidos de oposición está preparando ya un proyecto de ley que facultaría a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a vender de forma inmediata todos los bienes a los que se les ha extinguido el dominio por tener origen ilícito o ser utilizados en actividades criminales. La idea es que el producto de todas estas ventas se dirija a un fondo de reactivación social y económica tras la crisis por el Covid-19. Incluso, se facultaría a la SAE a que también ponga en venta de forma inmediata todos los bienes que están decomisados pero que no tienen sentencia en firme de extinción de dominio. Se parte de la base que muchas de estas propiedades tienen un origen ilegal imposible de desconocer judicialmente, razón por la cual no hay que arriesgarse a que el Estado tenga que administrarlas por varios años mientras sale una sentencia en firme.

Venta rápida (II)

La SAE tiene una estimación actualizada sobre los bienes que administra, que tendrían un valor cercano a los $8 billones. El año pasado, por ejemplo, logró vender propiedades por más de $660.000 millones y este año la meta era de $2 billones. Para los parlamentarios que radicarán el proyecto para agilizar la enajenación de los bienes decomisados y que ya pasaron a propiedad del Estado, este proceso de venta rápida bien le podría significar al fisco un ingreso por $5, $7 o incluso $10 billones antes de terminar 2021, que es mucho más de lo que se aspira a recaudar con la última reforma tributaria. Otro de los temas clave tiene que ver con los filtros que se aplicarían para evitar que los narcos, corruptos y otras instancias criminales trataran de comprar los bienes para legalizarlos y lavar activos.