Pacto parlamentario

Uno de los primeros proyectos a radicar en la próxima legislatura será el de la reforma electoral. Un parlamentario conservador le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que esa iniciativa debería partir de una especie de “pacto de caballeros” de las bancadas, en torno a que se respetará el enfoque meramente procedimental de la iniciativa, sin ‘colgarle’ temas de la reforma al sistema político, como el de las listas únicas o el cambio de la circunscripción nacional del Senado, que siempre generan álgidos debates.

Ya están…

Sin embargo, el mismo parlamentario recordó que desde el año pasado e incluso antes de que comenzarán las sesiones virtuales del pasado 13 de abril en el Congreso, había varios proyectos de acto legislativo radicados, planteando cambios en el sistema político. Incluso, ya se está impulsando un ajuste al Estatuto de Oposición por parte de sectores contradictores a la Casa de Nariño. Dicha iniciativa plantearía, por ejemplo, que toda alocución presidencial tendrá réplica en la misma semana y que en el Congreso haya más garantías.

Baraja

Antes de agosto 21 debe escogerse al nuevo Defensor del Pueblo. Se sabe que ya hay, pese a las limitaciones propias de la emergencia sanitaria, varios nombres en puja por la sucesión de Carlos Negret, quien proviene de las toldas de La U. Por lo menos, un excongresista y un exmagistrado estarían ya en contacto con los líderes de algunas bancadas gobiernistas.

Más en la lupa

La Procuraduría ya tendría lista una segunda tanda de medidas disciplinarias contra algunos gobernadores y alcaldes que están bajo la lupa por presuntas anomalías en la contratación de productos, bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria. Se sabe que algunos mandatarios que están en la mira han tratado de buscar la solidaridad de sus colegas pero han encontrado que estos les toman distancia, ya que las irregularidades en algunos casos son demasiado evidentes. Se dice que a mitad de año no llegan varios gobernadores.

¿A las tierras?

Entre las opciones que en los partidos de izquierda se estudian para poder fondear los recursos necesarios para reactivar el país una vez pase la fase crítica de la pandemia, está la posibilidad de crear un impuesto alto que tendrían que pagar los grandes terratenientes cuando no puedan demostrar que los predios de su propiedad están siendo efectivamente explotados en actividades del agro. La tesis de los parlamentarios es que por esta vía se recaudaría más que con una extensión al impuesto al patrimonio.