Alerta universitaria
Esta semana, un grupo de rectores universitarios le escribió al presidente Iván Duque para pedirle “medidas perentorias para aliviar y mitigar los lamentables efectos de la pandemia en la educación, particularmente en las universidades”. Los directivos académicos, “representantes de universidades privadas, la mayoría con acreditación de alta calidad y otras en el proceso de lograrla”, plantearon que “la crisis de la salud, social y económica causada por la pandemia Covid-19 genera enorme preocupación en nuestro país” está poniendo a las instituciones de educación superior “ante el riesgo de una alta deserción o reducción sustancial de la matrícula universitaria”.
Sería un retroceso
Los rectores -entre los que se encuentran Jaime Arias, de la Universidad Central; Carlos Urbano Sánchez, de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; el presbítero Julio Jairo Ceballos, de la Universidad Pontificia Bolivariana; y Brigitte Baptiste, de la Universidad EAN- consideraron que la reducción de la matrícula “podría llegar a ser superior al 50%” con “la consecuente cesación de miles y miles de docentes y personal administrativo, e incluso la desventura de la inviabilidad de algunas universidades, lo que implicaría un retroceso de muchos años y la pérdida de logros mayúsculos en la construcción del capital social, científico e intelectual del país”.
Cobertura en riesgo
“Cabe recordar que Colombia logra una cifra destacada en América Latina en expansión de la cobertura educativa superior, con el concurso fundamental de las universidades privadas, al pasar de un 15%, a comienzos de los años 90, al 53% actual. No obstante, fenómenos como cambios en la pirámide de población, el desempleo, la incertidumbre y el desencanto de los jóvenes, aunado al auge de educación remota orientada a oficios específicos, han ocasionado una disminución de matriculados desde hace algunos años, lo que ha afectado el ingreso de las universidades”, expusieron los rectores.
No piden auxilios
“Las universidades privadas no están solicitando auxilios, que además no son permitidos por la Constitución”, precisaron: “Solo piden, en igualdad de condiciones con el resto de los sectores económicos, acceso a créditos financieros, alivio en el plan de pagos de sus obligaciones y ampliación de créditos y becas con apoyo oficial a los estudiantes más necesitados por medio del Icetex. Concretamente, solicitamos -como lo ha venido haciendo Ascún- que se extienda el plazo de los pagos de capital tramitados vía Findeter por dos o tres años más, que se abra una línea especial para créditos de capital, similares a los que se adjudican a empresas comerciales, que se amplíen los cupos de créditos en el Icetex y que se acelere la entrega de recursos del programa Generación E”.