No a renta básica

En los círculos políticos se asegura que al Gobierno no le suena mucho el proyecto de ley que cursa en el Senado mediante el cual se quiere crear en Colombia la “renta básica mensual”, que es una figura que establece un auxilio económico permanente del Estado para las personas con más bajos ingresos o en estado de vulnerabilidad. La iniciativa quedó para empezar su trámite en la próxima legislatura y parte de la base de elevar a mecanismo permanente el programa de Ingreso Solidario que activó el Gobierno en medio de la emergencia sanitaria para las personas que no son beneficiarias de subsidios.

¿Incidente fiscal?

Según trascendió, el Ejecutivo considera que la renta básica es una especie de retroceso, dado que Colombia es uno de los países con más alta tasa de subsidios directos e indirectos a la población de bajos recursos, incluso destinando más del 30 por ciento del presupuesto anual, un moto superior a los 75 billones de pesos. En ese orden de ideas, si el Congreso insiste en sacar adelante la renta básica sin modificar el resto de la escala de subsidios, con el fin de unificarlos en ese monto mensual de apoyo, sería muy posible que la Casa de Nariño tenga que acudir a un incidente fiscal para frenar su entrada en vigencia de la eventual ley, pues sería imposible de financiar.

¿No irá el 20?

A propósito de la polémica por el llamado del senador y excandidato presidencial Gustavo Petro a una “desobediencia civil” al gobierno del presidente Duque, a quien no reconoce como mandatario legítimo, una alta fuente parlamentaria indicó que vista esa “postura” del congresista de izquierda, se entendía que no participará de la ceremonia virtual de instalación del Parlamento el próximo 20 de julio ¿La razón? Que la instalación formal, por mandato constitucional y legal, la hace el Presidente de la República, es decir Iván Duque, a quien Petro dice no reconocer como mandatario legítimo de los colombianos.

Casi, casi…

Y hablando de la controvertida tesis de Petro sobre la legitimidad presidencial, se sabe que en la izquierda el llamado a la “desobediencia civil”, que incluye desde no pagar los servicios públicos hasta no enviar los estudiantes a las escuelas y colegios, cayó tan mal que se alcanzó a pensar en redactar una carta pública en la que los firmantes, con varios parlamentarios a bordo, dejaban en claro que seguían en firme oposición al presidente Duque, pero que en modo alguno desconocían su calidad de Jefe de Estado o compartían las polémicas propuestas del excandidato presidencial. Al final la posibilidad de ese pronunciamiento público no pasó de ser la mera intención de algunos pocos dirigentes.