Ya se fueron

Un alto dirigente del Centro Democrático le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que la prensa “debe tener cuidado” con identificar como “uribistas” a algunos personajes que no hacen parte de la colectividad y que, incluso, han hablado de “armar toldo aparte”. Según la fuente consultada, se “persiste en el error” de considerar que algunos dirigentes que años atrás estuvieron con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe todavía siguen hoy sus indicaciones o hacen parte de su partido. “… Se habla de divisiones y polémicas internas en el uribismo, pero uno mira y se trata de personajes que hace tiempo se fueron”, precisó.

Insistencia

Ahora que el Gobierno envió al  Congreso el proyecto de ley que ratifica la adhesión de Colombia al Acuerdo Regional de Escazú sobre el “Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales” en América Latina y el Caribe, se trajo a colación que el procurador Fernando Carrillo le venía insistiendo a la Casa de Nariño sobre el tema, incluso desde el año pasado. La última vez fue el pasado 8 de julio, cuando el jefe del Ministerio Público le solicitó al presidente Duque ratificar el Acuerdo “como respuesta al grave riesgo en el que se encuentran los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”.

“Sistemática”

Lo que más llamó la atención de esta misiva fue que Carrillo Flórez, según el reporte de prensa de la Procuraduría, agregó que el asesinato de estos líderes “ya se empieza a considerar como una situación sistemática en Colombia”.  Detalló que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año fueron reportados 47 homicidios, lo que ubica al país “como uno de los territorios más peligrosos para conservar el ambiente”. Obviamente el término “situación sistemática” generó impacto, según conoció EL  NUEVO SIGLO, tanto en el alto gobierno como en el Congreso y algunas ONG de derechos humanos, ya que una de las principales tesis del Ejecutivo colombiano ante la comunidad internacional es que el asesinato de los líderes no es del orden “sistemático” sino que se produce por factores regionales muy disímiles.

¿Silla ocupada?

La pérdida de la curul que venía ocupando la senadora Soledad Tamayo a nombre del Partido Conservador no sorprendió a nadie. De tiempo atrás se sabía que ese escaño sería objeto de una sanción de silla vacía debido a la condena judicial contra la candidata Aída Merlano, por delitos electorales en 2018. Sin embargo, trascendió que el tema no está finiquitado del todo. Un grupo de abogados estaría preparando una acción judicial en la que se alegaría que Merlano fue capturada antes de que se emitiera la respectiva credencial y nunca se posesionó, por lo que la sanción de silla vacía no sería procedente porque, literalmente, Merlano nunca la ocupó ¿Será que progresa el argumento?