Nada de nada

Una alta fuente gubernamental volvió a insistir en que la alternativa de la privatización de otro paquete accionario de Ecopetrol, como lo vienen denunciando desde el Congreso voces de distintos partidos, no es inminente ni se avanzará en esa dirección. Todo el debate gira sobre los alcances del Decreto 811 de este año, dictado en el marco de la segunda declaratoria de emergencia económica a la que se acudió para hacer frente a la pandemia. En dicha norma se establecieron las “medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado” en distintas entidades.

No se vende

“Hay una confusión porque se cree en algunos estamentos que la idea es salir a vender la parte restante del 20% autorizado de Ecopetrol e ir por más instituciones”, dijo la fuente consultada, advirtiendo que algunos sectores de izquierda estaban haciendo “política” con este tema pese a que nadie ha hablado de enajenar a la estatal petrolera para fondear recursos que ayuden en el plan de contingencia y la reactivación nacional. Incluso trajo a colación que en medio de las condiciones de mercado y la inestable coyuntura petrolera, por una economía recesiva por la pandemia y que no ha regresado a los niveles normales de demanda de combustibles fósiles, sería un error craso salir a vender una compañía del tamaño, valor y rentabilidad estratégica de Ecopetrol. Aun así, crecen las voces para que se derogue o corrija el decreto 811.

Campanazo

Muy crítico se mostró el senador de la U, José David Name, con el proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional al Sistema General de Regalías. De un lado, se quejó de que el Congreso esté discutiendo la iniciativa contra el reloj debido a que el Gobierno radicó la iniciativa solo el pasado 4 de agosto, cuando debió hacerlo el 30 de marzo. En segundo lugar, sostuvo que si bien en las sesiones conjuntas de las Comisiones Quintas se ha depurado la iniciativa e incluido propuestas que impiden la centralización de los recursos, persisten algunos temas en contravía de la autonomía de las entidades territoriales. Citó, por ejemplo, el dejar la Secretaría Técnica de los OCAD Regionales en el Departamento Nacional de Planeación o el permitir que el Gobierno Nacional presente proyectos de inversión ante estos OCAD.

Que devuelvan

Sin embargo, Name sostuvo que seguirá insistiendo en la asignación de un mayor porcentaje de recursos para las entidades territoriales, con los excedentes del 2% que en el pasado fueron destinados a la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo. Estos recursos, dijo, se han ido acumulado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en la Agencia Nacional de Minería. Incluso citó que, según el Ministerio de Hacienda, al final del 2020 la primera entidad tendrá un acumulado de excedentes por $1,1 billones y la segunda por $82 mil millones. “Proponemos que estos recursos pasen a las entidades territoriales, bajo el entendido de que si el origen de ese stock fueron las regalías, lo lógico es que vuelvan a la bolsa común y se repartan con los criterios del Fondo de Compensación”, puntualizó.