Solo 958
Una de las normas más criticadas durante la emergencia sanitaria es el decreto que se dictó para facilitar la excarcelación de personas que pudieran tener un alto riesgo de muerte si llegaban a contagiarse de Covid-19 ¿Qué tan efectiva ha sido? La respuesta la dio el ministro de Justicia (e) Javier Augusto Sarmiento en el Congreso días atrás: mediante este Decreto 546 de 2020 se han otorgado solo 958 detenciones y prisiones domiciliarias transitorias. Obviamente se trata de un número muy inferior al que se calculaba inicialmente, sobre todo cuando, hace dos meses, se disparó la cantidad de reclusos infectados en muchas de las prisiones del país. De hecho, en el Parlamento se calificó semanas atrás este decreto como uno de los más decepcionantes de los adoptados al amparo del Estado de Emergencia.
29 mil afuera
Sin embargo, Sarmiento defendió el impacto de esta normativa señalando que su efectividad también se debe medir en el impulso que le pudo haber dado a los procesos adelantados por el Consejo Superior de la Judicatura, permitiendo de esta manera agilizar las decisiones judiciales y otorgar alrededor de 15.000 libertades mediante el procedimiento ordinario y más de 12.000 detenciones o prisiones domiciliarias en el marco de la justicia ordinaria. Todo ello “para un total 28.599 personas menos privadas de la libertad en las cárceles y penitenciarias”, dijo. Así las cosas, el referido decreto, directa o indirectamente, ha permitido disminuir el hacinamiento carcelario, pasando del 55% en de marzo -cuando comenzó la crisis por la pandemia- a aproximadamente un 28%.
¿Y las reformas?
Una alta fuente parlamentaria le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que el Gobierno se “está durmiendo en los laureles” de la buena imagen del presidente Duque en las encuestas y no se da cuenta de que ya van corridas casi siete semanas desde que arrancó la legislatura y no ha radicado ningún proyecto ni reforma de importancia superlativa. “… Las cuentas son sencillas y reconocidas… Un acto legislativo al que no se le dé por lo menos el primer debate en la última semana de septiembre y la primera de octubre, la tendrá muy difícil para ser aprobado antes de que termine la legislatura”, precisó. Indicó que el Gobierno “habla mucho y radica poco”.
La crisis
En las Fuerzas Militares se considera que algunos de los análisis que se están haciendo respecto al rebrote de la violencia en las últimas semanas están cayendo en el error de creer que los grupos guerrilleros o las bandas criminales no venían delinquiendo y de un momento a otro decidieron lanzarse a atacar a la Fuerza Pública y la población civil. Sin embargo, no se piensa igual entre los altos mandos retirados, en donde sí hay profunda preocupación por las críticas que se están haciendo a la efectividad de la estrategia de seguridad y orden público. Incluso no se descarta que se expida una carta pública dirigida al presidente Duque, en la que expondrán los que, a su juicio, son los principales factores que explican los graves hechos de violencia en las últimas semanas.