Dilema en U

Un dirigente de La U le dijo a un periodista de este diario que “ni el enfermo quiere ni hay que darle”, tras ser preguntado sobre qué opinaba sobre la decisión de algunos congresistas de pedir la escisión de un sector de la colectividad. Pidiendo la reserva de su nombre, dijo que algunos de “los que están detrás de la idea de partir cobijas llevan tiempo con el mismo cuento y, como en la ranchera, están que se van, se van y no se han ido”. No descartó tampoco que detrás de toda esta maniobra lo que exista es una intención para presionar que les den más cabida en la cúpula del partido o incluso en la burocracia gubernamental. También recalcó que esta propuesta de escisión se presenta apenas unas semanas antes de que La U tenga su asamblea general en octubre. “… No se sabe si lo que quieren es posicionarse mejor de cara a una asamblea en donde se empezará a definir la estrategia electoral para 2022”, precisó.

Al tablero

El entrante ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Andrés Ávila Ávila, tendrán un difícil debate en el Congreso, con la coincidencia de que uno y otro están nuevos en sus respectivos cargos, ya que el titular de la cartera está recién designado y el de la entidad que administra los bienes decomisados o cuya propiedad pasó a nombre de la Nación empezó a ejercer a finales de julio pasado. “… La idea es que una vez se posesione el Ministro lo podamos citar, junto al director de la SAE, para que nos expliquen la grave denuncia que hizo la Contraloría en torno a que todavía persisten las anomalías en la administración de las millonarias propiedades incautadas o que ya han sido objeto de sentencias de extinción de dominio a favor del Estado”, precisó la alta fuente en charla off the record con EL NUEVO SIGLO.

¿Y la plata?

Según la misma fuente en medio de la “… discusión del presupuesto de la Nación para el próximo año uno de los temas que se ha mencionado es por qué no se acude a acelerar la venta de parte de los bienes ya extinguidos a nombre de la Nación o incluso de los incautados en donde sea evidente el origen ilícito… Esto con el fin de que esos recursos, que bien podrían dar dos o tres billones de pesos para 2021-2022, permitan tapar una parte del hueco fiscal y fondear el plan de reactivación socioeconómica”. Agregó que “… sorprende el diagnóstico de la Contraloría frente a lo que dice sobre el tema de la extinción de dominio el informe al Congreso presentado recientemente por el Gobierno, en donde lo que queda claro es que se ha avanzado en incautación de bienes de origen ilícito y extinción de dominio”.

¿Qué dijo la Contraloría?

Según el informe revelado esta semana, con la creación de la SAE no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). El organismo de control analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales. La conclusión es que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE.