Dura crítica

“Decidir a puerta cerrada, sin atribuciones legales, consulta alguna y sin socialización de ningún tipo, el futuro ambiental del departamento del Atlántico levanta todo tipo de suspicacias e inquietudes que impiden ver con buenos ojos la voluntad, a todas luces ilegal, de la junta del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) de inventarse una Autoridad Ambiental Especial con funciones dentro de su exclusiva jurisdicción”. Así lo advirtió el senador de La U, José David Name, quien, además, sostuvo que “las reacciones en contra suscitadas por el inesperado y fugaz anuncio son en su mayoría justificadas por el inminente desamparo financiero al que serían sometidos los 18 municipios del Atlántico que, una vez más, por no hacer parte de la ‘élite’ cerrada del Área Metropolitana de Barranquilla, se enfrentarían a irreversibles consecuencias ambientales debido esta excluyente decisión”.

¿Ley antibloqueo?

En la oposición venezolana había alerta temprana este martes, no solo por la sesión especial de la OEA sobre el último informe de la ONU en torno a las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y de seguridad del régimen, sino por la llegada a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de un proyecto anunciado por el jefe del régimen chavista, Nicolás Maduro, dirigido a crear una Ley Constitucional Especial Antibloqueo. La norma sería presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora designada al frente del Ministerio de Finanzas. Obviamente, tratándose de sanciones de tipo político, económico y comercial de orden internacional, los dirigentes opositores tenían gran expectativa en torno a cuáles serían los alcances reales de esa ley antibloqueo que, según Maduro, fue pensada y “estudiada con la asesoría internacional mundial (sic) en esta materia”. Según Rodríguez, “… llegó la hora de que reforcemos las capacidades jurídicas del Estado venezolano".

No a Escazú

La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue generando alerta en muchos sectores jurídicos y productivos. Por ejemplo, para el experto internacionalista y columnista de EL NUEVO SIGLO, en su opinión semanal, titulada “No ratificar el Acuerdo de Escazú”, sostuvo que Colombia tiene ya, en su legislación y en sus obligaciones internacionales, disposiciones muy claras que incluyen la protección de la vida de los defensores del medio ambiente, asesinados por los grupos armados que siembran coca, hacen explotaciones ilegales de oro, deforestan las selvas y vuelan los oleoductos. Según Navia, desafortunadamente, por defectos de implementación, muchas de esas disposiciones no cumplen sus propósitos. “Traer más disposiciones es innecesario y solamente nos creará costos y complicaciones internacionales, además de alejar eventuales capitales en campos que requieren altas inversiones y que, hoy por hoy con las consultas previas y la ineficacia del ANLA, ya son bastante escasas. El Acuerdo de Escazú nos obligaría a consultar al ‘publico’ la ampliación de una fábrica, la fumigación aérea -tema en el que con la Corte Constitucional como obstáculo nos basta- y cualquier obra como carretera, acueducto, represa y producción de energía, para poner unos ejemplos”.

Sí a Escazú

En la otra orilla también hay columnistas para los cuales el Acuerdo es positivo. Por ejemplo, el exdirector de Planeación Nacional, Simón Gaviria, sostuvo días atrás, en El Heraldo, que diferentes expertos consideran que Colombia, con base en otras normativas, ya satisface entre 88-94% de los estándares previstos, muchos de los cuales son de cumplimiento progresivo. Tras ello, Gaviria se pregunta ¿si ya todo o casi todo está incorporado, para qué firmar? ¿Se vuelve inocuo ratificarlo? Y se responde: No. La aprobación del tratado permite articular y mejorar protecciones existentes de manera coherente. El tratado deja claro que cada país retiene la soberanía sobre sus bienes naturales, prima la normativa e instancias nacionales. Los temores de los contradictores pueden ocurrir con la legislación vigente sin Escazú. El problema más bien es cómo se compagina su generalidad con nuestra tradición. Escazú no permite reservas, se aprueba todo o nada”.