¿Y el ajuste a CAR?

Varios gobernadores le han urgido a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, sobre cuándo va a presentar al Congreso el proyecto de reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Recordaron que en la campaña el hoy presidente Gustavo Petro insistió en que era necesario una reingeniería de estas entidades no solo para erradicar los riesgos de corrupción y la politiquería, sino para crear un Sistema Integrado Nacional Ambiental más eficiente. Lo que se sabe es que las reformas que planteen este y otros ministerios no llegarán este año al Parlamento y que, incluso, podrían quedar para el segundo periodo legislativo, que comienza en julio de 2023. La Ministra y la asociación que reúne a estas corporaciones ya se han reunido con el fin de sentar las bases de la reforma que se quiere aplicar. Sin embargo, todavía no existe un borrador o una propuesta medianamente consolidada al respecto.

De aquello, nada…

Un periodista de EL NUEVO SIGLO le preguntó a un decano de Economía de una reconocida universidad capitalina respecto a la posibilidad de interponer un sistema de control de precios a los productos más básicos de la canasta familiar, que es una de las ideas que se han puesto sobre la mesa para tratar de contener la ola inflacionaria. El decano, que pidió la reserva de su nombre, indicó que esa propuesta siempre “sale al baile” en estas coyunturas pero en práctica “… tiene una aplicación muy difícil”, sobre todo por la alta informalidad de la cadena productiva y de comercio de alimentos. Incluso recordó que en anteriores gobiernos, durante la negociación del salario mínimo, se hicieron compromisos en esa dirección pero ninguno se terminó concretando en la realidad.

Máximo 12,5%

Y hablando de la negociación del alza salarial para 2023, son muy disímiles las tesis de los analistas económicos en torno a cuál podría ser el porcentaje de reajuste que finalmente se apruebe. Sin embargo, la mayoría coincide en que el incremento no debería ir más allá del 12,5%, ya que por encima de esa cifra habría un efecto inflacionario adicional muy fuerte y, de igual manera, se incrementaría el desempleo y se golpearía el dinamismo y estabilidad empresarial. Lo cierto es que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ya advirtió que debe tenerse mucho cuidado en el reajuste del sueldo básico. Es claro que esa prevención se debe también al impacto que un alza exagerada puede tener en los gastos de funcionamiento del Estado, sobre todo porque los sueldos de los funcionarios públicos están regulados por ley.

¿Qué ha pasado?

Un congresista del Pacto Histórico dijo la semana pasada, en una conversación con varios periodistas del área política, que debía preguntársele a la Fiscalía por la investigación de las anomalías que se presentaron en las elecciones parlamentarias de marzo pasado. Recordó que el propio registrador nacional Alexander Vega instauró una denuncia muy amplia para que el ente acusador estableciera si hubo dolo en el inédito desfase de votos entre el preconteo y los escrutinios.

Conveniencia política

La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos elimine el requisito de visa de turismo para los colombianos no se sabe si es lejana o cercana. Algunos exdiplomáticos de nuestro país que trabajaron en la potencia del norte coinciden en que esta clase de decisiones por parte del Departamento de Estado y la propia Casa Blanca está revestida más de elementos de voluntad y conveniencia geopolíticas que de cuestiones típicamente migratorias. Ya la semana pasada se instauró una comisión binacional que estudia la petición del gobierno Petro pero el resultado esta gestión solo se conocería en algunos meses.